Los refugiados: moneda de cambio

Ayer entró en acción el plan acordado por la Unión Europea y Turquía para el manejo de los refugiados en la actual crisis humanitaria que enfrena el viejo continente. Ahora, todas las personas que lleguen a territorio de la unión por vía marítima serán internadas en centros de detención para ser deportados a territorio turco, donde se analizará su caso para ver si tienen derecho a pedir asilo político o son regresados a sus países de origen.

La intención de este plan -visto con malos ojos por la ONU y ONG como Human Rights Watch- es desincentivar la migración hacia Europa, tratar de organizar la llegada y clasificación de los refugiados y permitir a los gobiernos de la Unión decidir cuándo, cuántos y cuáles refugiados va a admitir dentro de sus fronteras. En pocas palabras, la idea es dejar que Turquía haga el trabajo sucio y lidie con el caos mientras Europa trata de organizarse y asegurar sus fronteras; a cambio, Turquía obtendrá el primer paso para su inclusión: el visado europeo para sus ciudadanos.

¿Quién puede ser deportado? Casi cualquiera, lo que abre la puerta a innumerables conflictos e injusticias: quien que no pueda comprobar que sufre persecución política o que no haya cumplido con las normas para la petición de asilo en el primer país “seguro” que pise. Esto quiere decir que quien no llegue primero a Turquía y haga ahí el trámite necesario -aunque ahora no haya manera de realizarlo por la falta de infraestructura y recursos humanos- tendrá que dar marcha atrás a su caminar o quedará varado en los centros de reclusión que apenas están acondicionándose en suelo turco. Es un verdadero polvorín para los derechos humanos; la mayoría de las organizaciones involucradas afirman que en Turquía no existen las condiciones para salvaguardar las garantías de los migrantes; de hecho, ya se reportan las primeras quejas por deportaciones forzadas y presuntamente ilegítimas.

La UE lucra con el deseo turco de unirse al selecto club. Cada país miembro se ha comprometido a aceptar a un refugiado -debidamente registrado e investigado- por cada migrante que sea deportado a Turquía. Esta norma hará que el viaje de los millones de refugiados sea aún más dificultoso, largo y sinuoso, con los peligros que esto implica para la población más vulnerable, recordemos que más de la mitad de estas personas son menores de edad.

La UE se ha comprometido a ayudar a Turquía en este operativo. Sin embargo, se necesita mucho más que dinero para asegurar el respeto a la dignidad humana en este proceso. Desde la urgente necesidad de oficiales para revisar los casos de cada persona hasta observadores que garanticen el trato a los migrantes, el problema de los refugiados está lejos de resolverse.

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