Magia y desapariciones

El repertorio de algunos magos incluye la desaparición de objetos diversos: mascadas, conejos, autos y hasta ciudades. Las desapariciones a las que me referiré no son motivo de entretenimiento, sino de impunidad. Miles de personas han desaparecido del territorio nacional. En muchos casos, no la mayoría, se encuentran involucradas autoridades gubernamentales. La ausencia de personas se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. Según una fuente consultada, existen alrededor de 20 mil individuos cuyo paradero se desconoce.

¿A quién le corresponde investigar las desapariciones? Desde luego, a las procuradurías de justicia, federal y locales. Si éstas fallan, las comisiones públicas de derechos humanos deben señalar sus faltas. Revisando los comunicados de prensa emitidos por la CNDH este año, se tiene la impresión de que el esclarecimiento de lo sucedido con los desaparecidos es prioritario: 12 de sus 299 comunicados hacen referencia a ellos. A lo largo de 2017 no ha habido mes en el que no se haya emitido un boletín de prensa en el que se lamente la falta de resultados.

Al examinar las labores sustantivas del Ombudsman se encuentra, no obstante, una situación distinta. En este año la CNDH ha publicado dos recomendaciones relacionadas con desapariciones forzadas. Una en julio por violaciones graves y, la otra, en agosto. Ambas dan cuenta del paradero de seis personas. Esto significa que, en lo que va de 2017, el Ombudsman ha emitido el doble de comunicados en proporción al número de víctimas de desapariciones que han sido localizadas en sus investigaciones.

Nadie reclama a la CNDH su inacción en el tema de desaparecidos. Como por “arte de magia”, el Ombudsman se las ha arreglado para esquivar su obligación de determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos. Emulando al gran Houdini, escapa de su responsabilidad utilizando un lenguaje que subraya la necesidad de que el Estado enfrente estos hechos. La voz del defensor del pueblo se confunde frecuentemente con la de aquellas organizaciones de la sociedad civil que reclaman la aprobación de una ley de desaparición forzada. Uniéndose a este “coro”, el Ombudsman evade su responsabilidad, pues esta ley crearía una Comisión Nacional de Búsqueda que emprendería las acciones que durante años la CNDH ha dejado de realizar.

Hace unas semanas, al resolver el cobro de tarifas de telefonía celular, la SCJN determinó que la creación de los órganos autónomos obedece a razones de especialización técnica. Justificó su existencia al señalar que la actuación de estos órganos vuelve más eficaces las actividades estatales. Siguiendo este criterio, es claro que el desempeño de la CNDH ha sido deficiente. Al reclamar la aprobación de una ley de desapariciones, el Ombudsman, más que actuar como titular de un órgano del Estado con un presupuesto mayor a los mil 700 millones de pesos, se comporta como una organización de la sociedad civil. No habrá avances respecto a los desaparecidos creando más burocracia. Estoy seguro. Lo que sí podríamos hacer es exigir a las instituciones existentes que ejerzan sus atribuciones eficazmente.