Magna cum laude del Tribunal Electoral

De toda la larga lista de lamentables sucesos de los últimos días, me referiré a la resolución del TEPJF por la que revocó la sanción propuesta por el INE a Morena, por el uso indebido de recursos del fideicomiso de los damnificados.

Superar las propias marcas. Los fallos de la Sala Superior del TEPJF se acatan y punto. Ello, por supuesto, no quita que se puedan criticar tan acremente como sea necesario. La (insólita) sentencia por la que los magistrados, por (insólita) unanimidad, revocaron la decisión del Consejo General del INE, de multar a Morena por 197 millones de pesos, por irregularidades en el “Fideicomiso por los demás” tiene, a mi juicio, varios costados vulnerables.

Entre otros argumentos y resolutivos, la sentencia reconoce que el INE está facultado para revisar recursos públicos y privados de los partidos, por lo que tiene competencia formal para investigar hechos relacionados con un fideicomiso cuando se presuma que dicho instrumento se use para evadir las reglas de financiamiento de partidos. Tras decir eso, una joya: que en este caso no existía nexo causal entre el sujeto responsable (Morena) y la determinación de un beneficio por una actividad ilícita, por lo que se debía haber respetado la presunción de inocencia en favor de Morena. Y, por tanto, revoca lisa y llanamente la sanción (¡todo un milagro que el TEPJF utilice su “plena jurisdicción”!) y le impide al INE volver a tocar el tema.

Sólida investigación del INE. A mi entender, los hallazgos a los que había arribado la Comisión de Fiscalización del INE, eficiente y responsablemente presidida por Ciro Murayama, tras los trabajos realizados por la Unidad Técnica del ramo, produjeron conclusiones robustas y de ninguna manera fáciles, temerarias o prejuiciosas. Se limitaron a determinar que no se habían respetado las formas para obtener y aplicar el financiamiento; y en ningún momento se concluyó o acusó sobre financiamiento ilegal detrás de 44 millones de pesos que se recibieron del fideicomiso; ni tampoco que el destino de esos recursos hubiera sido para gasto electoral (sólo los malpensados podrían haber elucubrado algo así, cuando se comprobaron operaciones sucesivas y regulares por montos sospechosamente uniformes de 50 mil pesos en efectivo, con un grupo compacto de personas haciendo filas en cajas bancarias para depositar ¡44 millones en 7 días!). Eso sin contar el tema de los 3 millones de pesos provenientes de empresas; sujetos que tienen prohibido aportar al financiamiento partidario.

Signo de los tiempos. No deja de ser muy peculiar que una decisión tomada por 10 de 11 consejeros electorales, sea revertida por los 7 magistrados de la Sala Superior del TEPJF. En una época de ajustes en la clase política, de entonación nacional y entusiasmo por el capital que genera el nuevo gobierno, es difícil disentir de las corrientes de opinión predominantes sin que venga un aluvión de críticas irreflexivas. Sin embargo, la crítica es no sólo conveniente, sino indispensable para la salud republicana; antes de que la genuflexión sin obstáculos se convierta en el deporte nacional del sexenio que está por comenzar.