Mandato sin revocación

La negativa de las autoridades electorales venezolanas a facilitar el referéndum revocatorio demandado por la oposición marca la definitiva mutación autoritaria de ese régimen, al mando de Nicolás Maduro. En tiempos de Hugo Chávez, el autoritarismo venezolano poseía un cariz plebiscitario, determinado por la importancia de la popularidad del líder para la gobernabilidad. Con Maduro, la situación se ha volteado: la consulta deja de ser un mecanismo de la permanencia en el poder y se convierte en amenaza.

Cuando Maduro asegura que la convocatoria al referéndum revocatorio es opcional o puede ser activada o no por el poder ejecutivo, con independencia de lo que exija la Asamblea, no sólo produce un abandono de la división de poderes sino que apuesta abiertamente por un gobierno impopular. Maduro sabe que es impopular y piensa esa limitación como componente necesario de su régimen. Si a Chávez le tocaba ser popular, a él le toca ser impopular: el desafecto es condición sine qua non de la dictadura.

El relato del madurismo entiende la impopularidad del líder como algo inherente al duelo postchavista. La transferencia del legado de Chávez a Maduro implicaba un reacomodo de la élite del poder venezolano que tenía que ver con una prolongación del estado de emergencia, asegurada por la imposibilidad de heredar la popularidad del Comandante. Cuando Maduro, como Raúl en relación con Fidel, decía que el legado de Chávez era intransferible estaba reconociendo, tácitamente, que su gobierno no sería plebiscitario.

La colocación del referéndum plebiscitario en el centro de la agenda de la oposición es comprensible. Los opositores, en su pluralidad, reclaman el mecanismo de la revocación del mandato como una iniciativa básica del pacto constitucional de 1999. La certidumbre de pertenecer al paradigma del nuevo constitucionalismo iberoamericano de principios del siglo XXI, que propuso la introducción de dispositivos de la democracia directa en modelos políticos demasiado dependientes de las jerarquías partidistas, se siente hoy más en la oposición que en el gobierno.

El poder venezolano parece dispuesto a sobrevivir sin cuidar las formas constitucionales. Se trata de una actitud sumamente peligrosa, que puede descarrilar el actual autoritarismo por una deriva despótica, cuyos extremos represivos están por dilucidar. Si la oposición decide salir a las calles, en respuesta a la injusta neutralización del referéndum revocatorio, no habría que descartar un choque de trenes que colocará la crisis política venezolana en un punto irreversible.

El madurismo acusa a la oposición de hipocresía por reclamar el expediente chavista de la democracia directa. Pero, si de hipocresía se habla, mayor es la de un oficialismo que se dice chavista y acapara el ritual del duelo, mientras prefiere subsistir en la impopularidad antes que exponerse a una derrota en las urnas. La fina línea que separaba al autoritarismo chavista de una burda dictadura ha sido rebasada por la negativa a conceder al pueblo su derecho legítimo a la revocación del mandato.

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