Memorias de la implosión
Después del terremoto de 1985 y de la falta de preparación para actuar en consecuencia por parte de la administración de Miguel de la Madrid vino la tarea de demoler decenas de edificios cuyas estructuras quedaron seriamente afectadas. Para ello se contrataron los servicios de la empresa norteamericana Controlled Demolition Inc., de la familia Loizeaux.
Ellos estuvieron a cargo de la demolición controlada de poco más de 20 inmuebles, entre ellos el multifamiliar Juárez, bajo la supervisión por parte de México del ingeniero Mauricio Casas. La única mujer integrante de ese equipo de trabajo fue la arquitecta María Eugenia Higareda Cabrera, quien, con la confianza que nos da el ser primos hermanos, se explayó en detalles de lo que vivió durante esos días, que también fueron muy difíciles.
Miles de personas habían perdido la vida y otras más se quedaron sin casa. Ella relata que entrar a esos inmuebles no solamente era altamente riesgoso, sino que todo estaba cargado de un ambiente de dolor, desolación y muerte. Había que barrenar, preparar los explosivos plásticos, aflojar ciertas estructuras en puntos estratégicos, alambrear las cargas, cubrir los inmuebles en su perímetro y acordonar la zona, para al final apretar el botón que provocaría la implosión.
Cuando todo terminó quedaron escombros, después polvo y al final nada, absolutamente nada de las historias que ahí sucedieron; solamente el recuerdo en los familiares y amigos que vivieron para contarlas.
Hoy, de nueva cuenta, cientos de personas se quedarán sin nada, y el patrimonio de toda una vida se convertirá en trozos de piedra y metal retorcido. Para ellos habrá que idear un plan de apoyo, una estrategia de créditos blandos o incluso de subsidios para personas que estén imposibilitadas para trabajar o endeudarse (como los ancianos, pensionados u otros casos especiales). Quizás el IMSS o el ISSSTE puedan idear algo para los derechohabientes que quedaron sin techo.
Y para aquellos que habían adquirido una vivienda nueva que no resistió, producto de una mala cimentación o de un deficiente trabajo estructural, el gobierno de la ciudad deberá abogar por ellos sin dilaciones, y poner bajo la lupa a esas empresas de desarrollo inmobiliario.
Por cuanto toca a la experiencia del trágico derrumbe del colegio Enrique Rébsamen, habrá que ir a fondo y conocer a detalle lo que parece ser un caso más de corrupción entre los dueños de la escuela y la delegación Tlalpan, gobernada desde hace más de una década por los mismos de siempre. Basta recordar que en el 2003 estuvo al frente de la misma el tristemente célebre Carlos Ímaz, casado con la hoy delegada, Claudia Sheinbaum.
¿Y qué le quedará a la ciudad? En el 85, casi todos los predios que se limpiaron después de las demoliciones fueron posteriormente utilizados para levantar en ellos nuevos inmuebles. Si las víctimas de hoy, por alguna razón, no quisieran ocupar más los terrenos en donde alguna vez tuvieron su hogar, el gobierno deberá ser creativo para darles un usufructo social (padecemos sobresaturación y carecemos de espacios verdes).