México impune

El segundo periodo del segundo año de la LXIII Legislatura, que concluyó el pasado 30 de abril, no será recordado —o al menos no debería— como el de un rezago standard, sino como aquél en el que no se aprobó el primer paquete de leyes para cimentar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Aquí algunas implicaciones.

 Incentivos y resistencias. De la reforma constitucional aprobada el año pasado para crear el SNA, se desprende que al menos tendrían que ser aprobadas las primeras siete (de veintidós) leyes que deberán modificarse no sólo para la creación como tal del SNA, sino para armonizarlo con la legislación nacional. Parecía que las semanas previas al término del periodo ordinario de sesiones serían idóneas para tal fin. Muchos intereses parecían converger en ese sentido: la ciudadanía, harta de los escándalos de corrupción y ávida de ejercer mayores controles hacia sus mal evaluados políticos, masivamente apoyó —con más de 630 mil firmas— la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas, conocida coloquialmente como “Ley 3de3”; las organizaciones de la sociedad civil —Transparencia Mexicana, el IMCO, México Evalúa y el CEEY, entre otras—canalizaron y dirigieron tal esfuerzo; el gobierno, el PRI y su fiel aliado legislativo, el Partido Verde, principales señalados de los escándalos de corrupción, al menos en el discurso manifestaron que, ahora sí, irían por adoptar medidas ejemplares de combate a la corrupción; y el PAN y el PRD hicieron un frente común para respaldar el avance del primer bloque de iniciativas. A fin de cuentas, se trata de uno de los temas prioritarios dentro de las campañas electorales en curso en 13 estados y del Constituyente de la Ciudad de México.

Pero no, no pudieron concretarse. Ya se veía venir que sería imposible que todas las leyes fueran aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la

 Unión. En ese sentido, rebajar la expectativa a que sólo fueran aprobadas —en un primer momento— por el Senado parecía sensato. Lo que ya olió mal fue que la coalición legislativa gobernante no asistió a algunas de las mesas de discusión del SNA.

 Timing electoral. Algunos de los argumentos que se dieron para no llegar a los acuerdos esperados fue que —como suelen argüir los legisladores— “no se contó con el tiempo suficiente para aprobar decisiones tan relevantes”. En el fondo, y como algunos lo reconocieron, no quisieron que la aprobación de las leyes se convirtiera en un toma y daca en el desarrollo de las campañas. Para seguir abundando en el optimismo: según datos de Transparencia Mexicana, a menos de un mes de las elecciones, sólo 100 de los 14,712 candidatos que compiten por los 1,665 cargos de elección popular (gobernadores, presidentes municipales, síndicos y regidores, presidentes de comunidad en Tlaxcala) —y sin contar los candidatos al Constituyente capitalino—, han presentado sus declaraciones 3de3. No pueden atender una demanda ciudadana, pero sí están solicitando el voto. Ahí tiene lector —y elector— un parámetro más para la toma de decisiones que tenga que hacer, en su caso, el 5 de junio. O en 2018, tan a la vuelta de la esquina.

hvives@itam.mx

Twitter: @HVivesSegl