México: vía libre al vandalismo

A nuestra justicia le está faltando un tornillo: el de la coherencia. Sólo así se entiende que se encuentre libre otra vez uno de los peores vándalos de la CDMX: uno que destrozó media Alameda en 2012, intentó quemar a una maestra embarazada en el CCH Naucalpan, tomó Rectoría…

Y que también mantiene ocupado el auditorio Justo Sierra. Se llama José Luis Ramírez Alcántara, alias El Chómpiras, quien la semana pasada fue detenido por la Policía capitalina por apalear a un grupo de trabajadores de seguridad de la UNAM y desbaratar tres vehículos de vigilancia.

Pero El Chómpiras quedó en libertad tras pagar una fianza y también debido al pavor de las autoridades a la presión del vandalismo organizado en las redes sociales, que empezó a difundir acusaciones de abuso de autoridad contra el vándalo y cinco compinches suyos.

En esta ocasión resultó igual que el 1 de diciembre de 2012, cuando fueron detenidas (junto con El Chómpiras) decenas de encapuchados que echaron abajo fachadas de cristal de hoteles, restaurantes, bancos y cafeterías de La Alameda.

Entonces, AMLO condenó el uso de “la fuerza bruta contra los estudiantes”, aunque entre los “estudiantes” estuviera el septuagenario líder de los macheteros de Atenco, Ignacio del Valle, robando combustible en una gasolinera de Eje 1 y Joaquín Herrera, para incendiar bancos y cafeterías.

Por supuesto que los vándalos fueron liberados. Pero, más aún: a raíz de los destrozos del 1 de diciembre de 2012, la Suprema Corte de Justicia anuló el delito de “ataques a la paz pública”, que castigaba hasta con 30 años de prisión este tipo de delito.

¿Bajo qué argumento tomaron esta decisión los ministros? Bajo el argumento de considerar inconstitucionales las sanciones a quienes dañen propiedad ajena y cometan daños a terceros, ya que sancionarlos “atenta contra la libertad de expresión”.

Desde aquella determinación de la Corte están bendecidos los desmanes de los llamados “anarcos” y de la CNTE, en especial; pero no de los empresarios u otro tipo de ciudadanos que decidan rebelarse de algún modo contra las acciones de éstos: como presentar en ceros las declaraciones de impuestos de las empresas y cosas así.

Los ministros José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía Piña Hernández entienden la cárcel para los vándalos como “atentar contra su libertad de expresión”.

Antes de su decisión, los “ataques a la paz pública” eran penados de cinco a 30 años de prisión si mediaba el uso de sustancias tóxicas, se incendiaba o usaba violencia contra personas, bienes públicos o privados o servicios públicos, y si era perturbada la paz pública.

Pero volvamos a El Chómpiras, quien esta vez apenas estuvo 48 horas en la PGR, a cuyas instalaciones llegó con sus amigos, porque su delito en la UNAM es un caso del ámbito federal. Se trató de su cuarto arresto, luego de uno de los cuales fue fichado como reo (expediente FZIP/IZP 6/3903/13-10).

Antes, intentó quemar con petardos y cocteles molotov la dirección del CCH Naucalpan y apareció en videos y fotografías agrediendo a las fuerzas del orden, destrozando mobiliario urbano, saqueando comercios, golpeando a seis vigilantes de la UNAM y destrozando el campus.

De modo que en ésas estamos: los empresarios son advertidos de que van a la cárcel si no pagan impuestos, bajo el argumento de que sus empresas dejan de producir a causa de los paros de la CNTE, pero los cabecillas mayores de la CNTE tienen un pie fuera de la prisión.

Y El Chómpiras regresó a su cubil en el Justo Sierra de la UNAM…

Bendecido por la Corte.

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