Mujer y discapacidad, la doble discriminación
El jueves pasado, y como cada 8 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer entre ceremonias diplomáticas y discursos —muchos de ellos— predecibles y políticamente correctos, por parte de los principales actores de la sociedad.
Pero en un país como el nuestro, donde sólo cuatro mujeres en la historia han logrado escalar hasta la boleta electoral en un intento por llegar a la Presidencia de la República, claramente seguimos sin rebasar el simple discurso…
Nuevamente se firmaron declaraciones contra la violencia de género, se dio reconocimiento a mujeres ilustres, se habló del terreno ganado en la ciencia y la tecnología, pero poco se dijo de otros terrenos donde se visibilizan poco o nada a aquellas que enfrentan una doble discriminación, por su género y su condición: La discapacidad.
Según datos del Inegi, de los 7.2 millones de mexicanos que viven con algún tipo de discapacidad, el 53.5% son mujeres, que en edad adulta enfrentan un doble reto, si consideramos que tienen la mitad de oportunidades de conseguir un empleo que un hombre en la misma condición, y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo.
Según fuentes oficiales, más de la mitad de los hombres que viven en nuestro país con una discapacidad tiene como principal fuente de ingreso su trabajo. En el caso de las mujeres es sólo el 30%, el resto de ellas depende de algún programa de gobierno para sobrevivir de manera digna a su condición.
En lo jurídico, las omisiones del gobierno mexicano han sido tales, que en 2014 la ONU nos envió una recomendación, en calidad de urgente, señalando el empedrado acceso a la justicia que aquí enfrentan las mujeres con discapacidad.
Ejemplos hay muchos y tan simples como que la o las denuncias por un abuso de cualquier índole, las enfrenta a prejuicios, estereotipos y la evidente ignorancia por parte de los impartidores de justicia que suelen calificarlas como “incapaces” o con un “discurso incoherente”.
[caption id="attachment_710894" align="alignnone" width="696"] Conmemoración del Día de la Mujer el pasado 8 de marzo.[/caption]
El final de muchas de estas historias es la desestimación de las denuncias, la revictimización y, por ende, las gravísimas violaciones a los derechos humanos de las mujeres con discapacidad, que hoy tienen a México en la mira de no pocos organismos internacionales.
En el terreno de lo sexual y la salud reproductiva el escenario se ensombrece aún más. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) denuncia constantes violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres con alguna discapacidad.
Adultas, adolescentes y hasta niñas son expuestas a esterilizaciones forzadas, abortos bajo presión o acceso a servicios de salud restringidos. Pero de esto pocos hablaron el jueves pasado, o pocos quisieron hablar…
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que cuenta con la comunidad más nutrida de personas con discapacidad, cerca de 500 mil, ha reportado casos de retención de medicamentos y aparatos ortopédicos, sillas de ruedas u otros dispositivos de ayuda.
La simple eliminación de rampas o herramientas que facilitan la movilidad resulta una agresión, no sólo para esta comunidad, sino para todos aquellos organismos civiles que luchan día con día por llenarlo que a veces pareciera un barril agujerado…
Me sorprendió observar un estudio hecho en España, que me compartió la periodista y activista en temas de discapacidad Katia D´Artigues, datos muy puntuales sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad en aquel país, mientras que en México ¡¡no tenemos datos!!
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación reconoce que son altamente vulnerables, pero no tiene indicadores sobre la magnitud o los tipos de agresiones.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) afirma que del total de mexicanas de 15 años y más, cerca de 46.1% ha sufrido algún incidente de violencia, pero no se toma en cuenta quiénes de estas mujeres tienen discapacidad.
Lo mismo ocurre con el indicador de Inmujeres, que señala que a diario mueren asesinadas siete mexicanas por razones de violencia de género, pero tampoco se desglosa por condición de discapacidad.
En México no existe ninguna ley que avale la protección específica a las mujeres con discapacidad, ni siquiera la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Es decir que en nuestro país no hay visibilidad de esta problemática que vulnera a más de 2 millones de mujeres de manera extraordinaria, y eso es inaceptable.
Ojos que no ven, país que no siente…