Naranja Mecánica

Resulta francamente deprimente leer la Ley de Justicia para Adolescentes que aplica en la Ciudad de México. Quienes la redactaron y votaron, seguramente se pensaron a sí mismos como legisladores progresistas; la verdad de las cosas es que el día que alguien cercano a ellos sea asesinado o violado por un delincuente juvenil, el arrepentimiento no les será suficiente.

Y esto viene a cuenta a propósito de lo que recientemente ocurrió en Tabasco y lo que pasa aquí en la capital. Resulta que hace unos días fue liberado Marcos Iván Soto Vidal, quien asesinó a José Francisco Fuentes Esperón, violó y mató a la esposa de éste, Lilian Argüelles, y asfixió a los dos hijos pequeños de la pareja.

Cuando cometió estos horrendos crímenes tenía 16 años. Vivía con sus padres en una casa vecina a la familia asesinada, en una privada de clase acomodada en Villahermosa. Al final de las diligencias se supo que junto con sus cómplices, compró condones y pasamontañas para perpetrar la barbarie, cuyo motivo fue simple diversión y perversión sexual.

Solamente ocho años pasó en prisión, en un centro tutelar para menores, en el que por supuesto nunca han hecho ni podrán hacer nada por “reinsertar” a la sociedad a este tipo de seres. Lo que sí ocurrió es que con su libertad hoy está en peligro toda la sociedad mexicana; mientras que los legisladores locales y federales que hicieron las leyes que le aplicaron se abrazan entre sí porque según ellos vieron por el interés superior y los derechos de los “menores infractores”.

Desgraciadamente, casos así no son excepcionales. Y cuando uno revisa las leyes en la materia, es tristísimo percatarse de que lo último que ha pasado por la mente de los legisladores es el procurar justicia y seguridad para la sociedad y las víctimas. Después de 80 artículos que hablan de cuánto debemos cuidar y amar a estos muchachitos, finalmente empieza uno a leer las sanciones a las que pueden ser acreedores por delinquir.

Y poco más adelante, en la lectura de esta inverosímil legislación, viene un balde de agua helada y la incredulidad no cabe cuando uno se percata de que incluso los diputados contemplaron el derecho a la visita íntima para estos criminales… menores de edad.

¡Visita íntima! Muy compasivos, previeron el caso de adolescentes que se hubiesen emancipado previo a su internamiento. Luego entonces, para su vida amorosa sí fueron considerados como adultos, pero para su actividad criminal fueron vistos como unos pobres críos.

Para no ir más lejos sobre el tema, este diario recientemente dio cuenta de la cantidad de menores de edad que son condenados por violar la ley en la ciudad. Tan sólo en 2014, 7,881 adolescentes fueron inculpados por diversos delitos; y obviamente muchos de ellos son reincidentes.

Ante crímenes atroces como el relatado párrafos arriba, lo menos que podemos exigir como sociedad es que se les juzgue como adultos; y que al cumplir su mayoría de edad continúen purgando su condena en un reclusorio. Y para los demás, dejémonos de cuentos y apliquemos terapias y castigos ejemplares.