Nepotismo judicial

Dadas las relaciones clientelares que existían al interior de los tribunales federales, la Constitución mexicana fue reformada en 1994. Como consecuencia de la reforma, los ministros de la Suprema Corte perdieron las atribuciones que les permitían nombrar a su conveniencia jueces de distrito y magistrados de circuito.

Se creó un Consejo de la Judicatura como instancia especializada encargada de aplicar exámenes abiertos para que los órganos jurisdiccionales fueran ocupados por quienes tuvieran mayores méritos, privilegiando a quienes ascendieran desde oficiales judiciales hasta secretarios. La reciente publicación de un estudio muestra que, lejos de haber sido desterrado, el nepotismo alcanza proporciones escandalosas en los tribunales federales.

Tras analizar los datos obtenidos en visitas realizadas en 31 de los 32 circuitos en los que se divide el territorio nacional, a lo largo de un año (enero 2016-enero 2017), se puede concluir que los resultados son alarmantes. Sin incluir la información relativa a la Ciudad de México (sede del mayor número de tribunales) ni los municipios conurbados de Naucalpan y Nezahualcóyotl, el estudio reporta que la mitad de los jueces y los magistrados tiene a algún pariente trabajando en el Poder Judicial de la Federación. De 1,031 perfiles revisados, 501 (casi 49%) tienen familiares con plazas adscritas a diferentes órganos jurisdiccionales.

El artículo 97 constitucional faculta a jueces y magistrados a nombrar y remover a los funcionarios y empleados de juzgados y tribunales. La norma, diseñada para garantizar la autonomía de los juzgadores, ha sido utilizada para burlarse de la carrera judicial. Ha servido para crear redes clientelares al interior de los órganos jurisdiccionales y para facilitar enroques entre diversos circuitos. El informe consigna que 112 juzgadores han conseguido puestos a sus cónyuges; 180, a sus descendientes; 136, a sus hermanos y, 27, a sus padres. El mal ejemplo ha sido copiado para el resto del escalafón.

Secretarios, actuarios y oficiales también tienen familiares en el mismo circuito donde laboran, ascendiendo a 7,148 el número de servidores públicos que comparten el espacio laboral con sus parientes.

El descaro de algunos juzgadores no tiene límites. Un magistrado del 25° Circuito (Durango) obtuvo puestos administrativos y jurisdiccionales para 17 miembros de su familia. En los circuitos 9° (San Luis Potosí) y 15° (Baja California) dos magistrados tienen a 22 parientes, 11 cada uno, en diferentes órganos. En el 3° Circuito (Jalisco), 33 juzgadores tienen laborando a 54 hijos: un magistrado maniobró para que sus tres hijos fueran secretarios de tribunal.

Llama la atención que el estudio, responsabilidad del consejero Felipe Borrego, haya sido difundido por la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Pareciera como si su autor dudara de que los demás integrantes del Consejo de la Judicatura Federal tomen urgentemente las medidas para remediar esta situación irregular que deteriora al Estado de Derecho. Resulta paradójico que el órgano encargado de supervisar la labor de jueces y magistrados federales recurra al tribunal de la opinión pública para hacer realidad una carrera judicial libre de compadrazgos y nepotismo.

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