No es la ley, son sus funcionarios

Fue hace 10 años, cuando los niveles de impunidad e inseguridad ya secuestraban a nuestro país, que los legisladores empujaron una reforma constitucional que replanteara el sistema de justicia mexicano por completo.

En 2016, finalizó el largo proceso de implementación que asegurara a los mexicanos el acceso a la justicia de forma eficiente, transparente y efectiva. Se estudiaron los más sofisticados modelos internacionales, se generó un presupuesto enorme para la profesionalización de sus ejecutores, y ¿qué tenemos hoy?, un mar de confusión y de malas interpretaciones de la ley, que tiene al país lleno de delincuentes en la calle, llevando sus procesos en libertad y con la libertad de seguir delinquiendo.

Dicen los expertos que el problema no es el sistema, sino la implementación del mismo, con una nula habilidad y desconocimiento por parte de los Ministerios Públicos, al momento de sostener ante un juez la defensa de una víctima.

Por eso —según datos del Inegi—sólo siete de cada 10 mexicanos denuncian cuando son víctimas de un delito, porque simplemente no confían en la autoridad, es más lo que le temen a ser revictimizados o nuevamente expuestos a un victimario más fortalecido, por una justicia muy mal repartida.

[caption id="attachment_799252" align="aligncenter" width="896"] Michel reyes cruz fue detenido en tres ocasiones en 2017, por robo a taxistas; en todas salió libre.[/caption]

En agosto pasado, México Evalúa evidenció con un estudio (Hallazgos 2017: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México) que en 2016 el promedio nacional de impunidad del sistema acusatorio, fue de 87.3 por ciento, lo que significa que la tendencia es a no resolver los delitos.

Tener personal profesional para atender a las víctimas es lo fundamental, y la realidad es que sólo 58 de 160 instituciones estatales —es decir, menos de la mitad— reconocen tener un servicio profesional de carrera, que se encuentre operando de forma efectiva.

De 2015 a 2017 aumentó en un 79.6 por ciento la apertura de carpetas de investigación, pero la ineficacia de los responsables de dar seguimiento a los casos, quedó evidenciada al reportarse resultados a únicamente a cinco de cada 10 casos, calificados de “no complejos”, por cierto.

En 2016, la ley establecía que debían existir cuatro mil 13 asesores jurídicos para representar a las víctimas, pero existe un déficit de por lo menos tres mil funcionarios. Para que los asesores pudieran acompañar a un estimado de 24.4 millones de víctimas, mayores de 18 años, sería necesario que cada uno atendiera 25 mil casos, misión claramente imposible.

Y es que el mayor de los problemas radica en la mala integración de las investigaciones, por lo que los casos se caen con facilidad, y los delincuentes salen tan campantes, por la misma puerta por la que entraron. Pero la culpa no la tiene el sistema de justicia sino la ineficacia de los que se encargan de impartirla.

Ahí es donde estamos parados —todos los que hemos sido víctimas de un delito y aquellos que lo serán— sobre un sistema de justicia penal sin inversión, sin personal suficiente, y el que hay, sin capacitación adecuada, lo que da como resultado una delincuencia beneficiada, que además hoy puede sujetarse a una no siempre bien aplicada, “presunción de inocencia”.

En los penales de la Ciudad de México, cinco mil 752 internos (16.48 por ciento) fueron puestos en libertad, porque el nuevo sistema de justicia le quitó lo “grave” a cerca de 130 delitos.

Delitos como robo con violencia o portación de arma de fuego no ameritan prisión preventiva, e incluso disminuyó el ingreso a cárcel por robo simple, robo agravado, portación de arma de fuego, lesiones e incluso lavado de dinero.

Pero el Ministerio Público tiene armas legales suficientes, para solicitarle a un juez la prisión del acusado por cualquiera de los delitos no graves, si lo considera conveniente para la víctima, pero sucede que en muchos casos, el mismo Ministerio Público simplemente no sabe cómo estructurar adecuadamente la defensa, y pierde el caso.

Así que hay un tema de la agenda pública que está pendiente, y es el de investigar ¿qué pasó con los recursos que estaban destinados específicamente a la capacitación y profesionalización, en todos los ámbitos, de la policía?, ¿para los laboratorios de investigacion?, ¿qué paso con el seguimiento que tenía que hacerse?

Porque eran miles de millones de pesos… ¿Dónde están? … ¿en la calle?, ¿junto con sus funcionarios incapaces, delincuentes mal perseguidos, mal juzgados y ahora libres?…