No se ven ni se oyen

Bibiana Belsasso

“Tras realizarse las pruebas necesarias para conocer su identidad, se ha llegado a determinar que los presentados son Félix Beltrán León y Kevin Daniel Beltrán Ríos, de 23 y 19 años de edad, respectivamente”, informó la Procuraduría General de la República en un comunicado, el viernes por la noche.

Aceptaba así que los jóvenes presentados ante los medios el jueves en la tarde no eran el hijo del Chapo Guzmán y su lugarteniente, sino, según las acusaciones de la PGR, dos elementos de una célula que trabajaba bajo las órdenes de Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

La confusión en la identidad de Jesús Alfredo no sólo ha dejado muy mal parado al gobierno federal y a la Secretaría de Marina, a sólo una semana de las elecciones presidenciales, también muestra la falta de coordinación entre las distintas secretarías encargadas de las áreas de seguridad es una realidad que no puede ser ocultada. Un problema endémico que dura ya dos sexenios.

Se queja, con razón, el gobierno federal de que la coordinación entre las policías estatales y municipales no existe; argumenta, también con razón, que muchos estados no colaboran o no se ponen de acuerdo con sus municipios y con el gobierno federal en la lucha contra la delincuencia. Y en buena medida es verdad, pero el problema es que, en seguridad, las autoridades federales tampoco se terminan de coordinar y poner de acuerdo.

La confusión con el supuesto hijo del Chapo es una demostración de esa realidad: la información sobre Jesús Alfredo surgió de la DEA. Se envió, como había sucedido en otros casos, entre ellos, con Arturo Beltrán Leyva, a la Marina. Las tropas de élite de esa dependencia capturaron a los jóvenes en Zapopan, Jalisco. Pero desde un primer momento hubo dudas sobre la identidad. En la SIEDO no creían que el detenido fuera hijo del Chapo y el propio detenido gritó al momento de su detención que él no era el hijo del Chapo. En la PGR querían esperar hasta completar la identificación, pero desde Estados Unidos se insistió en que el joven sí era el hijo del narcotraficante. Y la Marina decidió hacer el anuncio a los medios a pesar de las diferencias internas. Veinticuatro horas después la PGR aceptó que se habían equivocado.

No es la primera vez que la PGR, la Sedena, la Marina, la SSP y el Cisen no están de acuerdo o actúan en forma completamente independiente. No es tampoco la primera vez que Estados Unidos decide enviar información de inteligencia en forma directa a una dependencia y juega a generar desconfianza sobre las otras. En algunas ocasiones el juego ha salido bien, como en el caso de Beltrán Leyva o de Tony Tormenta, el abatido jefe del cártel del Golfo. En otros, como en éste, ha salido muy mal. Está bien que las diferentes instituciones compitan entre ellas y también que se compartimente la información de inteligencia, pero debe haber una mucho mayor coordinación y menos desconfianza. Esa coordinación, además, debe darse en un marco institucional adecuado. El del hijo del Chapo es un ridículo muy costoso para la credibilidad de las autoridades, para la lucha contra el crimen organizado, para la coordinación con Estados Unidos y para los propios resultados electorales.

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