Nos cargó la judicialización

En octubre, canonización de niño michoacano
Por:
  • larazon

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberían estar en este momento haciendo lo necesario para reforzar su condición física.

Y es que, como van los procesos electorales en los estados, es seguro que muchos de ellos se diriman precisamente en el seno del Tribunal, lo que les augura una enorme carga de trabajo después del 4 de julio próximo.

Aunque por el momento las denuncias por los escándalos políticos desatados en Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, Puebla y Zacatecas, entre otros no son de su competencia, inevitablemente éstos, llegarán al territorio de los muchachos que comanda María del Carmen Alanís Figueroa.

Como se ven las cosas, la judicialización de los procesos electorales alcanzará niveles históricos a partir del 4 de julio próximo, sea cual fuere el resultado de las elecciones.

No es, de ninguna manera, una buena noticia para México; si las elecciones se judicializan, como será, la gente cuestionará si vale la pena el ejercicio del derecho al voto cuando la decisión final estará en manos de siete magistrados.

La responsabilidad, sin embargo, no es ni de los ciudadanos ni del TEPJF, sino de los partidos que han hecho hasta lo imposible por violar las leyes que ellos mismos diseñaron.

 De verdad no se ría, que el asunto es serio.

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Ildefonso  Guajardo, emitió una “Declaratoria” para que los chiles en nogada sean declarados como el “platillo bicentenario”.

El diputado Guajardo precisó que la propuesta original presentada por el diputado de Puebla  Alberto Juraidini era declaración  de “denominación de origen” para los chiles en nogada, pero como se trata de un platillo que se sirve en todos los estados de la República “resultaría imposible saber cuáles son los originales”, dijo.

Por ello se modificó la propuesta del priista para que los chiles en nogada sean considerados como el “platillo bicentenario” para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución mexicana.

La propuesta deberá ser aprobada por el pleno de la Comisión Permanente.

 Concluido el debate del caso ABC en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), corresponde ahora a la Procuraduría General de la República rendir un informe público sobre la investigación que realizó.

A la Corte no le correspondía señalar a los presuntos responsables ni exonerarlos, como se habría creado la expectativa; eso es tarea de la PGR, que nomás no ha querido entrarle de lleno al caso.

Ahora que el priista Manlio Fabio Beltrones puso en la mesa la responsabilidad de Arturo Chávez Chávez, sería bueno que desde el Legislativo se presione para que el asunto no quede impune.

engranev@yahoo.com.mx

Twitter: @adriantrejo