ONG y derechos humanos: el fin de la inocencia

La visión más extendida de

los derechos humanos los presenta como una serie de prerrogativas propias de todas las personas (independientemente de

raza, credo, edad o género), que se hacen valer ante leyes estatales consideradas injustas.

Su naturaleza universal significa que cada individuo, sin excepción, tiene los mismos derechos. Se considera también que su reivindicación no es exclusiva de una persona determinada o de una institución en particular, de ahí que en su defensa coincidan lo mismo organismos públicos (el Ombudsman de origen sueco) que organizaciones de la sociedad civil.

Siguiendo esta perspectiva, la vigencia de los derechos humanos sería universal y su tutela se ubicaría más allá de consideraciones partidistas o de intereses de grupo. La realidad, sin embargo, es más compleja. En el mundo real su vigencia se encuentra restringida en varias regiones del planeta (por ejemplo en China y buena parte de los países islámicos). Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil intervienen en su defensa con agendas particulares —contra la tortura, en defensa de la educación, etcétera— dando lugar a la existencia de conflictos y a la necesidad que el Estado determine en los casos concretos cuál de los derechos tutelados debe prevalecer.

Aunque teóricamente comprometidas con la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes del país, las organizaciones de la sociedad civil mexicana muestran sesgos. Un primer ejemplo ocurrió en julio de 2015, cuando el fotoperiodista Rubén Espinoza fue asesinado, junto con otras personas, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Su muerte originó una enérgica campaña para que las autoridades determinaran si ésta había sido motivada por su trabajo en Veracruz. Hace unos días el fotoperiodista Elidio Ramos fue privado de la vida en Juchitán por encapuchados que se oponían a que siguiera fotografiando los bloqueos realizados por simpatizantes de la CNTE. Significativamente, en el caso del periodista oaxaqueño, las organizaciones civiles guardan silencio.

Ofrezco otro ejemplo: Hace unos meses la directora de Alto al Secuestro criticó a ciertas organizaciones por considerar que su actuación implicaba una defensa indebida a los secuestradores. Entre las personas aludidas en las críticas se encontraba Mariclaire Acosta, subsecretaria de Relaciones Exteriores en la administración foxista. Por este señalamiento diversas organizaciones, nacionales y extranjeras emitieron una alerta ante lo que consideraron eran amenazas contra la directora en México de Freedom House, exigiendo la protección gubernamental. La semana pasada Héctor de Mauleón fue amenazado por la Asamblea de Barrios, organización ligada a grupos perredistas en la Ciudad de México, debido a sus artículos denunciando el narcomenudeo en la colonia Condesa de la capital.

Curiosamente, en el caso del periodista, intimidado públicamente por una organización ampliamente conocida por sus métodos violentos, las organizaciones civiles se han abstenido de exigir su protección. Tal parece que, parafraseando a George Orwell, en la defensa de los derechos humanos algunas organizaciones civiles piensan que todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros.

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