Órganos autónomos y austeridad

L a Constitución da autonomía a ciertas instancias estatales encargadas de asuntos sensibles de la agenda pública. Les da un tratamiento especial, a fin de mantenerlas al margen de presiones gubernamentales. Esta autonomía tiene una dimensión política y otra económica. La primera se refleja en el nombramiento de los titulares (buscando aislar su actuación de vaivenes políticos); la segunda se expresa en el ejercicio de los recursos públicos asignados.

Aunque hay varios órganos autónomos, los primeros reconocidos en la Constitución como tales fueron el árbitro electoral, el banco central y el Ombudsman. Vale la pena revisar el proceder de los titulares de estas instituciones pioneras frente a las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno federal.

El INE anunció el 11 de enero que suspendería la construcción de dos edificios con valor de mil 70 millones de pesos. Además, los salarios de los consejeros electorales e integrantes de la Junta General Ejecutiva se reducirían en 10%. El día 21 Banxico dio a conocer un recorte de 10% en los sueldos de servidores públicos de mando superior. La misma proporción se aplicará a viáticos y pasajes, así como al servicio de telefonía celular, reduciendo en 140 millones de pesos el presupuesto autorizado.

El 5 de enero el Ombudsman emitió un comunicado en el que exhortó al Gobierno federal a poner en práctica medidas de racionalidad y control de gasto para combatir la corrupción y la impunidad. El 17 de enero, en otro de sus frecuentes comunicados, el Consejo de la CNDH reiteró su llamado a adoptar medidas para ejercer de manera efectiva el gasto y la administración de recursos públicos. Un día después un diario de circulación nacional publicó que la CNDH tenía asignados para este año casi 250 millones de pesos para el “pago extraordinario anual unitario máximo”, esto es, un bono asignado al titular del organismo y a los mandos superiores. Tan sólo la compensación correspondiente al Ombudsman es superior a los 503 mil pesos, cantidad similar a la que recibió por ese concepto en 2016. El 19 de enero, al ser interrogado respecto al bono anual, el Ombudsman rechazó que se tratara de un acto inmoral. Argumentó que estaba dentro de los márgenes del presupuesto aprobado y se rehusó a responder si lo rechazaría. Señaló también que lo realmente inmoral es la corrupción, invitando a los medios a condenarla en los casos de desvío de fondos públicos.

Mientras que a los titulares del INE y Banxico les preocupó la delicada situación de las finanzas públicas del país, al Ombudsman pareció no importarle. Peor aún. Argumentar que los bonos no son inmorales por estar previstos en “ley” resulta inapropiado para un defensor de los derechos del pueblo. Según ese razonamiento, el voto femenino no hubiera sido establecido ni tampoco los matrimonios igualitarios dado que en su momento no estuvieron contemplados en la ley. Preocupa que el Ombudsman ejerza su autonomía para defender no nuestros derechos humanos, sino sus privilegios económicos.

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