Miércoles 23.09.2020 - 00:54

Pagarle a delincuentes, no a víctimas

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Si usted fue víctima de un secuestro, para que pueda solicitar compensación por reparación del daño debe haber una sentencia condenatoria definitiva contra la persona que cometió dicho delito. Un proceso que puede tardar en promedio 10 años. El monto límite de compensación es de un millón cien mil pesos.

En cambio, las víctimas del sistema, es decir, los criminales, los secuestradores a los que se les violaron sus derechos cuando fueron detenidos o por errores en las integraciones de averiguaciones previas, pueden solicitar la reparación de daño con tan sólo obtener una recomendación de alguna comisión de derechos humanos.

Pero además el proceso es mucho más expedito, en algunos casos menos de un año, y no hay límite en el monto de la compensación.

Para el próximo jueves se estarán votando las reformas a la Ley General de Víctimas. Sobre este tema platiqué con Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro y los problemas que ve a la norma.

“No hay equidad en esta ley, porque mientras a las víctimas del delito les siguen dejando la burocracia para que no tengan acceso a este fondo, a los de violaciones a derechos humanos les abren la puerta”, dijo.

Y son muchos los delincuentes que cobrando estas compensaciones.

Así lo explica:

“Según lo que está en la propia página de Transparencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de los 81 millones que han pagado, el 90 por ciento es para víctimas de violaciones a derechos humanos, entre los que se encuentra una persona que llevaba cinco kilos de cocaína, dos sicarios, un médico de Los Zetas; en fin, te mandé la presentación en donde está detallado por qué delito fueron detenidos y qué monto de indemnización les dieron”.

Wallace considera fundamental incluir tres puntos en la ley:

“Primero es que el Estado repare las violaciones a derechos humanos que él comete, no que tome el dinero del Fondo de Atención a Víctimas del Delito.

“Dos, que tenga las mismas condiciones, si ambas son víctimas, unas del Sistema y otras del delito. Es decir, si van a establecer un tope para reparar un daño, que sea el mismo tope; y si no le van a poner tope a la reparación de violación a derechos humanos, tampoco se lo pueden poner a las víctimas del delito.

“Tercero, que no nos exijan sentencia a nosotros, igual que no se las exigen a ellos. Y, la otra, la más importante, creo yo, es que todas las víctimas tengan acceso a esta ley, porque hoy solamente la Comisión Ejecutiva atiende a las víctimas de delitos federales, no estatales, y el 90 por ciento de los delitos en este país es del fuero común.

“Y hasta ahorita, después de tres años, los estados no tienen ni sus comisiones, ni sus fondos; solamente 16 entidades tienen comisión, pero no los 16 tienen un fondo; de esos 16, sólo 12 cuentan con él. Entonces ¿qué garantía tenemos de que vayan a atender a las víctimas del delito en los estados? ¡Ninguna!”.

Wallace lo que busca es que la ley sea igual de justa para las víctimas del delito como para aquellas personas quienes han tenido fallas en el debido proceso.

Y Wallace tiene razón: es totalmente incongruente que se compense a aquellos que más dañan a la sociedad con dinero del Estado, y que las víctimas de secuestro, quienes son las que más sufren tengan mucho más trabas para que se les repare el daño.

bibibelsasso@hotmail.com

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