PAN vs. PRI, round 1

JJ Macías, apenado por narración de comentarista de Multimedios
Por:

Horacio Vives Segl

El inicio formal de las campañas ya nos dio una muestra de lo que probablemente veremos las siguientes semanas. El Partido Acción Nacional dio el primer golpe al difundir unos spots en los que atacó al Presidente de la República por la enorme comitiva que llevó a la visita al Reino Unido; al presidente del PRI por el uso de suntuosos relojes; a funcionarios de ese partido que han adquirido escandalosas propiedades; y al gobierno por el mal manejo en el ámbito energético (petróleo barato y gasolinas caras).

De manera reactiva, el PRI reaccionó utilizando el mismo formato: atacando al gobernador de Sonora por la construcción de una presa y por conductas señaladas como “doble moral”. En medio de eso, críticas a la Comisión de Quejas del INE, encargada de resolver medidas cautelares sobre esos temas.

  Modelo inadecuado. Desde que la Reforma Electoral de 2007 privilegió el modelo de spotización, otorgó al entonces IFE la administración de los tiempos del Estado y prohibió el mercado de medios para los partidos, es un hecho que estos últimos han realizado acciones en el lindero o violando abiertamente —como el caso actual del Partido Verde— las disposiciones legales. En los últimos años (al respecto la Reforma Electoral de 2013-1014 no significó una mejora significativa), lo que se ha observado, dada la ausencia de la reglamentación del artículo 134 constitucional (que tendría que desarrollar los límites y alcances de la promoción y contenidos de la actividad de servidores públicos), es una respuesta casuística por parte de la autoridad electoral ante las quejas con las que se acusan los partidos. A pesar de algunos criterios del Tribunal Electoral y de otras disposiciones legales y reglamentarias, a grandes rasgos lo que priva hoy es un modelo plagado de ambigüedades, en el que abundan las campañas “de contrastes”, pero donde se

prohíbe la calumnia.

 Problema de raíz. Tenemos un esquema ineficazmente sobrerregulado. Si se asumiera —como en cualquier democracia liberal, sin rodeos— que los gobiernos están para promocionar sus logros y las oposiciones para señalar sus errores y omisiones, se resolverían muchos litigios innecesarios. Hay incentivos perversos en los principales partidos para no llegar a un mejor arreglo. Si lo hubieran querido, los partidos “grandes” lo hubieran decidido en ocasión del Pacto por México y acordado en la reforma político-electoral. Pero, no: una de las consecuencias de que los tres principales partidos hayan ocupado y alternado gubernaturas y presidencias municipales, y dos de ellos la Presidencia de la República, ha sido que ni tales partidos han evolucionado a un modelo plenamente liberal, ni han establecido límites más claros sobre las conductas de sus funcionarios, por temor a que ello les sea en algún momento contraproducente. De ahí, por ejemplo, que la Presidencia de la República haya promovido un recurso para bajar uno de los spots con los que el PAN atacó al Presidente y su Gobierno. Si bien se trata de una medida perfectamente legítima, algunos le dieron la lectura de una indebida injerencia por parte del Ejecutivo en el proceso electoral o de que el INE “se doblegó” y terminó por bajar el señalado spot (como si el del PRI contra el PAN no hubiera corrido la misma suerte).

hvives@itam.mx

Twitter: @HVivesSegl