Por fin, policías municipales y mando único

El 4 de diciembre de 2014 el Presidente Enrique Peña envió al Congreso una iniciativa de reforma a seis artículos de la Constitución para atender una exigencia nacional: la seguridad pública. La propuesta fue parte de un decálogo que buscó dar respuesta, con acciones concretas, a la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

El Ejecutivo federal argumentó: 600 municipios no tienen policía, mil 800 ayuntamientos tienen policías sin recursos para llevar a cabo sus funciones, 86 por ciento de las corporaciones cuenta con menos de 100 elementos, sólo 14 de los 31 estados tienen cuerpos policiales en todos sus municipios. Así explicaba la falta de cobertura de estas fuerzas y su carencia estructural para hacerse cargo de las tareas de seguridad pública.

Quienes se oponen afirman que desaparecer policías municipales y lo relativo al manejo de sus presupuestos, viola la autonomía de este orden de gobierno. El documento de diciembre de 2014 asegura que replantear el modelo de seguridad pública es (era) una necesidad impostergable. Por el tiempo transcurrido, queda claro que en México lo urgente siempre puede esperar.

Con el inicio del periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo, la discusión sobre mando policial y cuerpos municipales emprende una ruta de análisis que parece sin retorno, tema que debe salir antes de que las elecciones del 5 de junio lo paralicen todo, de nueva cuenta. El lunes hubo comida con los gobernadores de todo el país y ayer fue presentada la iniciativa del PRD en el Senado.

Los del sol azteca proponen preservar todas las policías municipales pero sujetas a umbrales cuantitativos de población y estado de fuerza, de 20 mil habitantes y 100 elementos y que sólo se disuelvan a solicitud del Ejecutivo federal, los gobernadores o los propios alcaldes.

Sugieren la creación de una Comisión Nacional de Seguridad Pública para regular y gestionar el ingreso, formación y certificación del personal policial a través del Sistema Nacional de Carrera Policial. Incluye la obligatoriedad de control interno con supervisión externa. Las unidades de control de las corporaciones policiales se apalancarían obligadamente en organismos formales fundados en la participación de la sociedad civil organizada. Lo que sea que eso signifique.

La iniciativa establece crear un régimen laboral y de seguridad social para el personal policial y de procuración de justicia, así como una institución que otorgue cobertura social a policías, agentes del Ministerio Público, peritos y demás personal de las instancias de seguridad pública.

Todos los días se acumulan trágicas evidencias sobre la urgente necesidad por reformar los sistemas federales, estatales y municipales de seguridad.

Veracruz, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Morelos, Oaxaca o Tabasco ponen ejemplos de lo que no funciona. Sea la propuesta presidencial, la del PRD o un híbrido de ésas y otras, el tema debe procesarse ya.

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Twitter: @CarlosUrdiales