¿Qué hacer con el Verde?

Horacio Vives Segl

No habrá que esperar a los resultados de la jornada electoral del 7 de junio para saber que “la situación” del Partido Verde será uno de los principales temas por analizar. Aquí algunos elementos más para la reflexión.

El debate. Ante la protagónica campaña y actuación de ese partido, se pueden agrupar en dos grandes grupos las posiciones sobre qué hacer ante las reiteradas violaciones a la ley que ha cometido. Para algunos, no es en la herradura de Tlalpan (léase la mesa del Consejo General del INE) donde se debería de decidir su permanencia como partido político, sino a través de la voluntad de los electores en las urnas. Para otros, el nivel y diversidad de violaciones constitucionales y legales cometidas por el Verde ameritan que la autoridad administrativa proceda, conforme a lo establecido en la ley, a quitarle el registro, ya que, al amparo de las nuevas facultades concedidas a la autoridad electoral producto de la última reforma, la credibilidad de ésta estaría en juego en caso de no proceder a la cancelación del registro.

Alcances y limitaciones. No han sido pocos los encabezados en los medios que han señalado, de distintas maneras, que “el Verde se burla del INE”. Esa visión omite que el INE ha impuesto diversas sanciones al partido, que lo han dejado, desde que se adoptó el esquema de mantenimiento público a los partidos políticos, por primera vez sin financiamiento desde abril. Más aún: de aprobarse hoy por el Consejo General del INE la sanción de 330 millones de pesos propuesta el domingo por la Comisión de Fiscalización, se trataría de la multa más alta en una elección intermedia, y la tercera más alta de todos los tiempos, sólo detrás de la impuesta al PRI por el Pemexgate y la sanción al PAN y al propio PVEM por el caso “Amigos de Fox”, y equivaldría a quedarse por más de un año sin financiamiento público. Claro, faltaría la impugnación del partido y que el Tribunal Electoral confirme la sanción.

Relación INE-Tribunal. También se ha hablado mucho de la diferencia de criterios con los que toman resoluciones ambas instituciones. Hay que considerar, de entrada, que es natural que un tribunal, como última instancia, emita sentencias que echen abajo resoluciones aprobadas por la autoridad administrativa. Sin embargo, el asunto, según algunos, es que parecería que este Tribunal Electoral le ha enmendado la plana “demasiadas veces” al antes IFE y ahora INE, en casos relacionados con el Partido Verde.

Causa popular. A estas horas, unas 150 mil personas —probablemente se seguirán sumando— han firmado una petición, a través de la plataforma Change.org, para solicitar la cancelación del registro del Verde. Hace unas semanas, el PAN solicitó lo mismo. Que eso llegue a ocurrir, en los 25 días que faltan para la jornada electoral, está fuera de toda posibilidad. Más allá de las enormes simpatías y adhesiones que ha generado la causa, hay que ponderar el caudal de votos recibidos por el partido en las últimas elecciones. Hay segmentos del electorado, por increíble que les pueda parecer a los firmantes, a los que el mensaje verde les parece viable. Por el motivo que ello pueda ser. Si se le cancelara el registro ahora, las boletas no podrían modificarse. Si los posibles votantes del Verde de cualquier manera cruzaran esa opción, habría millones de votos anulados. Dejar tantos votos “sin dueño” parece extraño y riesgoso.

Que no haya ilusos, para que no haya desilusionados. Uno de los aspectos que ha generado mayores críticas a la última reforma político-electoral, se refiere a los procesos sancionadores. Lo que debió haber ocurrido era quitar todo lo contencioso del ámbito administrativo, para que lo conociera y resolviera el Tribunal Electoral. Pero no: el legislador, en este punto, dejó el peor esquema posible. Los procedimientos relativos a las múltiples violaciones del Partido Verde durante el actual proceso electoral se han desahogado por procedimientos ordinarios, especiales y por quejas de fiscalización. Dependiendo el caso, los consejeros electorales (en comisión de Quejas o de Fiscalización) podrían conocer o no, o remitir al Tribunal o no, las denuncias por las infracciones cometidas. En todo caso, mediante impugnación del partido afectado, siempre terminarán resolviéndose por el Tribunal en última instancia. En el remoto caso de que el INE acordara la pérdida del registro, parecería muy probable, dados los antecedentes, que el Tribunal revierta tal decisión. Con todo, será interesante observar los posicionamientos de los Consejeros Electorales en la sesión del Consejo General de hoy.

En suma: desde que se aprobó, en 1996, el sistema de sostenimiento de los partidos políticos mediante financiamiento público, más la reforma del esquema de difusión mediática, en 2007, y la profundización de las restricciones en materia de fiscalización, en 2014, no se había observado una estrategia reiterada (contumaz, podría decirse) como la del Partido Verde para trasgredir el marco constitucional y legal en materia electoral. Sin duda, uno de los temas centrales de las elecciones que entran en la recta final.

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