¿Que la CIDH decidirá?

Ahora resulta que será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no el gobierno de México, que oficialmente le comunicó que la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en nuestro país concluirá el 30 de este mes, la que en su momento decidirá si prorroga o no su permanencia para continuar las “investigaciones” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Así lo advirtió ayer en Washington el presidente de ese organismo, James Cavallaro, al revelar que ha realizado “consultas” con los familiares de los estudiantes —que, junto con diversas ONG, demandan que el GIEI siga aquí— y con “una alta delegación del Estado mexicano”, antes de asumir una determinación.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

EN un lapso de pocas horas al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se le abrieron dos nuevos y riesgosos frentes, a cual más de peligrosos: el inicio de la negociación salarial con el SNTE y el rechazo del gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo, a que se dé de baja a mil 300 maestros que incumplieron la evaluación docente.

ADEMÁS, claro, de las innumerables críticas que ha recibido por no haber asistido el martes a la sesión en la Cámara de Diputados en la que se recordó el 80 aniversario de la fundación del Instituto Politécnico Nacional.

POR más recortes presupuestales que se han venido dando en el gobierno federal, debido a la crisis económica y la real o supuesta buena relación SEP-SNTE, el incremento salarial que seguramente se ofrecerá a la dirigencia magisterial que encabeza Juan Díaz de la Torre distará del que demanda, lo que, con la presión que hará la disidencia, podría complicar la negociación.

EL rechazo del gobernador guerrerense al despido de los maestros que no acudieron a la evaluación en Acapulco el pasado fin de semana, anunciado por el titular de la SEP, seguramente sorprendió hasta a los dirigentes y los integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG, que intentaron impedir la evaluación.

AUN cuando en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que presentó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, confirma la precaria situación que hay en la mayoría de los 130 penales estatales, cuidó señalar que no se pretende “descalificar a autoridades e instituciones, sino llamar la atención y mejorar las condiciones de internamiento”.

ESE diagnóstico no dice más de lo que de tiempo atrás es de sobra sabido acerca de, por un lado, el hacinamiento y las condiciones infrahumanas en que está la mayoría, que carece de recursos económicos y, por el otro, los privilegios que gozan los que los poseen, a los que todo se les permite.

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