Quién financia a los ayatolas verdes

JJ Macías, apenado por narración de comentarista de Multimedios
Por:
  • gerardo_garcia

Aquí en este río revuelto la ganancia será de aquellos piratas que quitarán la pesca a los pescadores. Al abrirse esta caja de Pandora aquellos que hoy sonríen y claman sobre un inédito triunfo verán cómo sus efectos tendrán mucha más repercusión negativa que aquello que dicen combatir.

Pero pues así son los Ayatolas Verdes.

Así algunas organizaciones ambientales que sirven a los intereses de otros que lo que buscan es aquello que pretenden erradicar.

De nuevo me refiero a lo que sucede en torno al Malecón Tajamar en la ciudad de Cancún. Reitero en el tema porque el fallo judicial, al que me he referido en columnas anteriores, y que paraliza la posibilidad por este momento de que se desarrolle ahí, sienta un precedente negativo que puede representar una de las más grandes trabas para el desarrollo en México.

En efecto suena muy bonito que organizaciones ambientales, ciudadanos e incluso niños hayan promovido un amparo en contra de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales por las obras de desmonte de manglar que se realizaron en ese predio de 54 hectáreas en el centro de Cancún, obras que contaban con todas las autorizaciones ambientales -mismo que estaba planteado desde que se diseñó el Plan Maestro de Cancún hace más de cuatro décadas- y cuya urbanización le costó a los mexicanos unos 500 millones de pesos. Suena muy políticamente correcto que estas organizaciones ambientales hayan solicitado ante distintos juzgados un amparo para que no pudiera desarrollarse ahí nada más, argumentando que el daño ecológico que representaba les afectaba de manera directa. Amparos que fueron rechazados por razones varias, entre ellas porque los jueces no aceptaban que hubiese un interés legítimo que validara su queja. Sólo uno procedió ante un tribunal colegiado y derivó en una sentencia que obliga a la Semarnat a restituir en ese predio, que ya está urbanizado, las condiciones en que se encontraba antes de la construcción de obras de infraestructura realizadas ahí.

Además de lo que representa que una institución del Estado mexicano, como lo es Fonatur, pueda enfrentar demandas por más de 3 mil millones de pesos por los inversionistas que compraron ahí con la garantía que significaba Fonatur, el hecho que el juez que dictó la sentencia haya considerado fundado lo que se llama el interés legítimo de las organizaciones ambientales demandantes, podría significar la cancelación de decenas de proyectos de inversión en infraestructura, sea turística, de salud, de comunicaciones, si cualquiera invoca esa figura y acude ante un juez para decirse afectado por cualquier obra. No importa si el demandante vive en el lugar en que esto sucede, simplemente puede invocar que la construcción de una carretera, por ejemplo, afecta al medio ambiente y a la humanidad.

No se cuestiona aquí la legislación ambiental, de por sí restrictiva, o que el desarrollo tiene que ser sustentable. En el caso de Tajamar, las 54 hectáreas de desarrollo, sujeto a las estrictas normas ambientales, representaban la posibilidad que se construyera el más grande parque ecológico del país.

Pero pues eso no importa

La pregunta es quién está detrás de organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental o activistas como Araceli Domínguez que aparecen siempre que a alguien le interesa paralizar un proyecto.

En el caso de Tajamar, las sospechas apuntan a un influyente inversionista de centros comerciales que se sentiría afectado por este desarrollo.

jgg0868@gmail.com