¿Quién tiene el poder escolar?
Cuando el secretario de Educación regrese a las aulas podrá encontrar en la biblioteca del ITAM una espléndida tesis de licenciatura de María Fernanda de la Vega Duque que aporta evidencia dura de que la mejoría real de la calidad educativa depende, en proporción no menor, de cambiar radicalmente la estructura de incentivos en la escuela.
Esta tesis recibió el Premio Banamex casualmente al mismo tiempo que se publicaban los llamados lineamientos para la operación de los Consejos Escolares de Participación Social. El problema con dichos consejos, como lo examiné el miércoles pasado, no son sus buenas intenciones ni la exasperante lentitud con que se han ido integrando, sino que ni entonces ni ahora van a la cuestión de fondo: por ningún lado dotan de poder real a los padres de familia para decidir en aspectos cruciales tales como la contratación, permanencia y promoción de maestros y directivos, la exigencia de resultados puntuales, la rendición de cuentas y la imposición de sanciones que pueden ir, como ya pasa en otras partes del mundo, desde el despido de maestros hasta el cierre de la escuela. Es en este sentido que dicha investigación es oportuna y aprovechable. Utilizando una abundante literatura especializada y un conjunto de sofisticados modelos econométricos y multinivel, De la Vega llega a conclusiones que es irresistible citar in extenso: “Mientras los profesores, directores, y administradores al mando de la escuela no encuentren beneficios concretos de aumentar los niveles de aprovechamiento medio de sus alumnos, y por ende de su escuela, sus decisiones de inversión y aprovechamiento de recursos obedecerán a objetivos distintos que… nada tienen que ver con la calidad de la educación”.
Varios expertos, agrega De la Vega, “señalan que mejorar la calidad de la instrucción escolar es un componente central para virtualmente todas las propuestas de mejora de la calidad educativa (pero éstas) no se alcanzarán si no se redefinen los sistemas de contratación de la planta magisterial… de manera que se transparente el proceso de selección y se desarrolle un sistema de incentivos adecuado para mejorar su desempeño (entre ellos) la aplicación de exámenes de aptitud cuyo resultado sea determinante para su contratación, su conservación en el sistema y el nivel de su salario. Se propone un esquema de pagos escalonados que dependa de manera directa de los resultados obtenidos en estos exámenes de aptitud y del incremento en los niveles de aprovechamiento medio de sus alumnos en exámenes estandarizados.” Esa reorganización debe pasar, inevitablemente, por el SNTE. Como cita la autora, diversas investigaciones han demostrado que “la mayoría de las políticas enfocadas a mejorar la calidad de los docentes y que influyen directamente sobre el ingreso y permanencia de éstos al sistema educativo, entran en conflicto con los intereses de sindicatos (…) los sindicatos no sólo incrementan los costos de la contratación de profesores sino que disminuyen la productividad de las escuelas”. A eso, a corregir ese desastre, puede ayudar el poder de los padres.
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