Racismo de la SSP capitalina

Rubén Cortés

Isac Echinedu, un nigeriano naturalizado mexicano, murió por ser negro.

Iba por Tlalpan con su esposa e hija. Dos policías de la SSP local lo detuvieron. “Mira cómo se altera este pinche negro nomás por una revisión”, dijo uno y, los dos, le rompieron los dientes y la cabeza para robarle la cartera, la chamarra y el celular.

Los policías huyeron. Echinedu, anonadado, por puro instinto, los persiguió, pero se cayó sobre la calle y un coche lo golpeó y lo mató. Todo sucedió delante de su esposa Liduvina Castillo y su hija Amarachi.

Echinedu está muerto, Liduvina es viuda, Amarachi es huérfana. ¿Y los policías? El procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, los identificó como titulares de la patrulla 73003 de la Policía Auxiliar. La SSP, a cargo de Manuel Mondragón, se niega a entregarlos.

Mancera les imputa “abuso de autoridad y lesiones” para presentarlos ante la Fiscalía para Servidores Públicos, aunque debería agregar la acusación de “acto racista”, ya que los agentes violan el artículo 4 de la Constitución.

La historia de Echinedu recuerda el racismo que sufren aquí las personas de raza negra, tanto que el INEGI no las contempla en los censos que realiza, aun cuando existen 250 mil en el país.

Una omisión grave, no sólo porque los negros conforman la tercera raíz de nuestros orígenes (luego de los españoles y los indígenas), sino porque vulnera precisamente el artículo 4 constitucional, que establece la igualdad para todos los mexicanos, sin distinción de raza.

No sólo es grave. También es preocupante, pues en México empiezan a aflorar manifestaciones de racismo. Casi la mitad de los mexicanos desprecia a quienes cree diferentes: según estudios del Conapred, 42.1 por ciento no viviría bajo el mismo techo que un extranjero.

El documento Apuntes para la Reflexión sobre la Intolerancia en el México Actual, publicado en marzo, (http://www.conapred.org.mx/depositobv/DocumentoInformativo-Tolerancia.pdf) concluyó que “la imagen de México como país solidario y abierto hacia los extranjeros ya es discutible”.

El 45 por ciento de los refugiados en México afirma que sufre de discriminación laboral, mientras 3.5 por ciento de los mexicanos considera a los extranjeros como “un grupo” potencialmente generador de conflictos de diversa naturaleza.

Además, 40.1% de nosotros aceptaría aplicar contra centro y sudamericanos una ley similar a la SB 1070, que permite en Arizona (donde vive medio millón de mexicanos sin papeles) interrogar a quienes parezcan migrantes.

Y 58.3 por ciento estaría de acuerdo en exigir a centro y sudamericanos mostrar documentos para comprobar su estancia legal en nuestro país.

Por eso, el domingo, una manifestación organizada en Reforma por la comunidad nigeriana en el DF, para exigir justicia en el caso de Isac Echinedu, pasó casi desapercibida.

Porque eran negros.

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