Reclamos bolivianos

Rojas Rafael

En los últimos meses se ha acelerado la movilización diplomática del gobierno de Evo Morales en favor de la búsqueda de una salida al mar para Bolivia. Morales planteó el tema en la Cumbre de las Américas, en Panamá, luego llevó el caso a la Corte de Justicia Internacional de La Haya, y, en los últimos días, lo ha instalado en la agenda de la próxima visita del Papa Francisco a América Latina, sugiriendo que el pontífice daría su apoyo a los reclamos bolivianos. Bolivia parece preferir la presión mediática y jurídica internacional, antes que la difícil negociación bilateral con Chile.

Ha llamado la atención, en los últimos debates sobre el asunto, sobre todo en La Haya, un giro en la argumentación boliviana a cargo del ex presidente Carlos Mesa. Tradicionalmente, La Paz demandaba la salida al mar como parte de una reparación histórica, que, compensaría la pérdida del puerto de Cobija, entre Tocopilla y Antofagasta, al norte del desierto de Atacama, que desde la fundación de la república boliviana por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, había sido su principal conexión marítima, a manos de Chile en la Guerra del Pacífico en 1879.

A pesar de experimentar con un régimen centralista, de presidente vitalicio y senado hereditario en Bolivia, los libertadores creyeron conveniente poner bajo jurisdicción de la nueva república una pequeña franja de tierra de la antigua audiencia de Charcas, que permitiera a los bolivianos desplegar una reducida armada en Cobija. Cuando en los años 70 del siglo XIX, Bolivia y Perú intentaron impedir que las compañías salitreras y ferroviarias chilenas operaran en la zona de Antofagasta, por medio del aumento de impuestos y otras penalizaciones, estalló un conflicto bélico que culminó con el traspaso de la soberanía de la zona a la República de Chile.

Desde entonces, y especialmente desde el acuerdo fronterizo de ambos países en 1904, aquellos puertos andinos han sido parte de Chile. Sin embargo, en varios momentos del siglo XX, distintos gobiernos chilenos, incluyendo la dictadura de Augusto Pinochet, han prometido u ofrecido a Bolivia, además de derecho a tránsito y uso de instalaciones portuarias, una eventual devolución de soberanía. La nueva estrategia de Bolivia consiste en poner el énfasis en esos precedentes de negociación y no tanto en la reparación histórica por la guerra perdida en el Pacífico. En síntesis, el gobierno de Evo Morales estaría tratando de confrontar al gobierno de Michelle Bachelet con momentos negociadores de su propio pasado.

Es comprensible que la presión boliviana se haya intensificado bajo el segundo gobierno de Bachelet y no tanto bajo la pasada administración de Sebastián Piñera. Durante el primer gobierno de Bachelet tuvo lugar el famoso incidente en que Fidel Castro hiciera declaraciones en favor de la salida al mar de Bolivia mientras la presidenta volaba de La Habana a Santiago, luego de su última visita a Cuba. Morales es consciente de que con Bachelet y la izquierda chilena es más plausible o, al menos, más eficaz mediáticamente su reclamación de salida al mar.

La posición del gobierno chileno se vuelve cada vez más vulnerable en el tema, aunque el desenlace de la Guerra del Pacífico y los tratados posteriores le aseguren la soberanía sobre el litoral norte del desierto de Atacama. Al argumentar una falta de autoridad jurídica de la Corte de la Haya en la materia, el gobierno chileno parece apelar más a subterfugios que a su derecho histórico sobre la zona. Un derecho de conquista o de vencedor en una guerra, que es difícil de sostener ante la opinión pública contemporánea.

El gobierno de Evo Morales explota hábilmente ese flanco moral del diferendo porque sabe que en una negociación estrictamente bilateral lleva las de perder.

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