Reformas a la ley de obras públicas, compromiso con el desarrollo y la transparencia

Angélica Araujo Lara

Parte importante de la gestión pública es detonar el crecimiento de la economía y, por ende, el desarrollo de las personas, a quienes va destinada su política. La ejecución de obra pública impacta a diversos sectores de nuestra economía, como son el de comunicaciones y transportes, salud, turismo, desarrollo urbano y vivienda; ya que mediante el desarrollo de infraestructura se construyen calles, avenidas, escuelas, hospitales, se desarrolla vivienda, entre muchos otros.

Una de las principales demandas de la sociedad es que no sólo se construyan obras, sino que además se haga de forma eficiente, eficaz, transparente y a precios competitivos para el Estado; lo anterior en razón de que estas obras se hacen con recursos públicos que van orientados al

beneficio social.

En consideración de todo lo anterior, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso, con mucho acierto, una iniciativa con propuesta de reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; digo con mucho acierto, porque de aprobarse se reforzaran las disposiciones establecidas en este ordenamiento permitiendo agilizar los procedimientos para la contratación y ejecución de obra, el establecimiento de reglas claras para las adjudicaciones directas, sanciones administrativas para quienes incumplan las disposiciones de la ley, además de proveer de nuevos mecanismos para la evaluación y la gestión de los proyectos que se lleven a cabo.

Para asegurar la transparencia de los procedimientos, se establece el uso gratuito del Sistema en Línea CompraNet, como la principal guía para llevar a cabo los procedimientos de licitación y permitiendo que se dé seguimiento al estado de procedimientos y obras, lo cual permitirá también prevenir y combatir la corrupción.

Por último, quiero resaltar una de las principales bondades de esta reforma: la promoción del empleo y el fomento de la formalidad en el mismo. Promueve el empleo, ya que los entes públicos deberán optar por empresas mexicanas y fomenta la formalidad debido a que las dependencias que hayan licitado obra pública deberán notificar al Seguro Social cualquier irregularidad que detecten en materia de s

eguridad social.

La Cámara de Diputados ya hizo su parte al aprobar con amplio consenso estas modificaciones, toca ahora al Senado analizarlas con responsabilidad y teniendo en cuenta la importancia y urgencia que las mismas tienen para México.

* Senadora de la República por el estado de Yucatán