Roberto Campa y el caso Iguala

Rubén Cortés

Al flamante subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, le falta claridad en el caso Iguala. Decir que el asesinato de 43 estudiantes “muestra nuestros rezagos y desigualdad histórica” expone falta de contexto o que el gobierno sólo quiere mirar hacia adelante en el tema.

Su interpretación niega la responsabilidad de los grupos radicales de izquierda: los normalistas no fueron asesinados por pobres. La pobreza y la desigualdad no fueron una causal. Vamos, en ninguna zona pobre del país se ha registrado un caso similar.

Como estrategia para ralentizar los efectos del caso sobre el gobierno, no está mal la afirmación de Campa, pues sin género de dudas la izquierda consiguió que, en la percepción ciudadana, el tema Iguala fuera observado como asunto del gobierno federal, cuando fue al revés.

Porque se produjo a causa de una provocación de radicales de izquierda, quienes engañaron a los jóvenes diciéndoles que iban a botear con miras a la marcha del 2 de octubre en el DF, pero a mitad del camino los desviaron para sabotear un acto de izquierda en Chilpancingo.

El caso Iguala fue resultado de la corrupción política que patentó la izquierda en ese municipio de Guerrero desde su llegada al gobierno local, en 1993: a partir de ahí comenzó la complicidad que las sucesivas alcaldías perredistas enhebraron con el crimen organizado a través de sus policías municipales.

Sin embargo, el gobierno federal no quiere profundizar en lo anterior. Lo admite Campa. “La instrucción que tengo es dar la cara para hacer frente a los problemas (…) ser lo suficientemente sensible y ganar la confianza de la gente para ser interlocutores con las víctimas”, dijo a La Jornada.

Está muy bien, pero no existe relación alguna entre desigualdad y pobreza con la tortura, asesinato y quema de los cuerpos de los normalistas. El homicidio cometido por el cártel Guerreros Unidos y la policía de Iguala fue causa de rencillas políticas de una izquierda vinculada al narcotráfico.

Los jóvenes salieron de su escuela a botear, fueron desviados para sabotear el acto en el que Pineda sería destapada como candidata a sustituir a su marido y éste ordenó a su jefe policiaco, Felipe Flores, desaparecerlos, con ayuda del cártel Guerreros Unidos. Ésa es la verdad.

Aunque no deja de ser cierto que la pobreza siembra una semilla para la extensión del narcotráfico, al extremo de que Iguala es el centro de la producción de goma de opio en México y la fuerza adquirida por éste lo hace capaz de desaparecer personas impunemente.

El caso Iguala resultó, eso sí, una tragedia de derechos humanos.

Y ahí sí tiene una tarea Campa: fomentar políticas que atiendan las violaciones… y combatan la impunidad.

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