Ser chofer de Uber te convertirá en delincuente

Es que aquello que los hace iguales no permitirá nunca diferenciarlos. La misma tijera que los ha cortado. Vestidos de colores diferentes, pero claramente con la misma afición al clientelismo. Pueden gritarse en la tribuna y acusarse mutuamente; pero en la realidad, sus estrategias son las mismas. En política, a veces, la única diferencia entre los contrarios puede ser el nombre de pila.

Por años, décadas, los sindicatos de taxistas en Quintana Roo han sido poderosísimos. Desde la creación de Cancún, cuarenta años atrás, han sido parte fundamental de la estructura de poder. Particularmente útiles en la estructura clientelista de los gobiernos priístas, se hicieron del control del transporte de pasajeros en el destino turístico más importante de México. Una mina de oro que se repartió entre un selecto grupo de concesionarios de placas de taxis, entre los que se cuentan no pocos ex funcionarios públicos de la entidad. Un negocio multimillonario que incluye la transportación de millones de turistas que arriban a esa región, la más productiva en la industria turística de América Latina. Un matrimonio por conveniencia que pareció dejar de funcionar en la última elección en el estado, en que el PRI perdió la gubernatura, derrotándolos un ex militante de ese partido, Carlos Joaquín González, quien llegó de la mano de la alianza entre el PAN y el PRD. En el contexto del cambio de administración, se dio la llegada a esa ciudad de la empresa Uber, generando un conflicto con los sindicatos de taxistas que, a la fecha, ha generado que las autoridades hayan detenido a más de setecientos choferes de esa empresa alegando ciolaciones a la Ley de Transporte. A la entrada de Uber se especuló que era apoyada por las autoridades que recién comenzaban a gobernar y se anticipó que podría modificarse incluso una ley aprobada en el gobierno de Roberto Borge que iba dirigida específicamente a impedir la operación de la empresa mundialmente reconocida.

No fue así.

La semana anterior un diputado local del Partido de la Revolución Democrática, Emiliano Ramos, hermano del director estatal de Transporte, de nombre Alejandro, presentó ante el congreso de ese estado una iniciativa para reformar el Código penal y crear un nuevo delito para sancionar hasta con cinco años de prisión el pirataje en el servicio de transporte público, de lo que se acusa a los choferes de Uber en Quintana Roo. El legislador, dijo que la iniciativa comprende sanciones administrativas que van de 30 a 150 días de salario mínimo y hasta corporales en caso de reincidencia, con una pena de dos a cinco años de prisión para quien preste un servicio de transporte a quien no tenga concesión. Por supuesto que la iniciativa fue presentada en presencia de representantes de los ocho sindicatos de taxistas del estado y decenas de taxistas que gritaban en los pasillos del congreso No a Uber. El diputado Ramos fue elogiado por los dirigentes de los sindicatos de taxistas quienes lo calificaron de valiente legislador.

Lo cierto es que la iniciativa que presentó Ramos es una maniobra para establecer una alianza con los sindicatos de taxistas que, de esa manera, dejen de apoyar al PRI y su estructura clientelista sea ahora del PRD. Una maniobra política que hasta ahora no ha cuajado del todo, pues no cuenta con el apoyo de otras fracciones en el congreso, pero que retrata con claridad las relaciones de poder entre los partidos políticos y los sindicatos que buscan evitar la libre competencia.

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