¿Sirven las comisiones de derechos humanos?

México tiene un sistema de protección de derechos humanos integrado por 33 comisiones públicas.

Existe una por cada entidad federativa y, la CNDH, de competencia federal. A todas se les asignan recursos públicos, aunque existe una marcada disparidad en los montos otorgados. A pesar de los considerables fondos públicos destinados a su mantenimiento, en los últimos años, varios quejosos, insatisfechos con sus resoluciones, han acudido a denunciar violaciones a derechos humanos ante el sistema interamericano y las Naciones Unidas. Revisaré un par de casos, uno del ámbito local y otro del federal, para que el lector juzgue la utilidad de estas defensorías.

El 31 de mayo pasado, integrantes de la CNTE en Chiapas y sus simpatizantes, raparon en Comitán a un grupo de seis maestros. Éstos fueron bajados de sus vehículos, obligados a caminar descalzos y les colgaron letreros con leyendas de “traidores a la patria” y “charros”. Reminiscente de aquel castigo dado a las mujeres francesas que tuvieron relaciones sexuales con soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, la humillación a los docentes, cuyo crimen consistió en dar clases, no mereció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, con un presupuesto que asciende este año a casi 63 millones de pesos, iniciara una queja o emitiera medidas cautelares para salvaguardar a los docentes vejados. La única acción del Ombudsman chiapaneco fue la emisión de un comunicado de prensa, en el que manifestó que tocaba a las autoridades fijar las responsabilidades de la agresión, esperando que las diferencias se superaran con respeto a la dignidad de las personas.

El mismo 31 de mayo, la CNDH emitió la Recomendación número 26 de este año. Los hechos violatorios ocurrieron el 20 de marzo de 2011, cuando un hombre de 39 años sufrió un accidente automovilístico. Rescatistas llevaron al accidentado al Hospital General de Cuautla. Inconformes con la atención recibida, sus familiares solicitaron su alta y ese mismo día lo internaron en “urgencias” en un Hospital General del IMSS. En dicho nosocomio le fue practicada una cirugía exploradora del vientre, pero, al no ser valorado por la unidad de terapia intensiva, murió a la mañana siguiente a consecuencia de un infarto. La queja se presentó en la CNDH desde el 27 de agosto de 2012, pero fue hasta el 20 de septiembre de 2013, más de un año después, cuando el Ombudsman respondió señalando que la queja era competencia de la Comisión de Arbitraje Médico. El quejoso insistió ante la CNDH en marzo de 2014, aportando evidencias sobre la responsabilidad de los médicos y, en esta segunda ocasión, después de dos años, el Ombudsman determinó la existencia de una inadecuada atención médica. A pesar de contar con un presupuesto superior a los 1,546 millones de pesos en 2016, al Ombudsman nacional le tomó 45 meses determinar que sí hubo violaciones a los derechos humanos. La revisión de estos casos muestra que la utilidad de los Ombudsman es, por decir lo menos, cuestionable.

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