SNA: ¿más burocracia inútil?
Es innegable que México enfrenta un grave problema de corrupción. En los últimos años se ha cobrado mayor conciencia de que las prácticas corruptas despojan a la sociedad de atención médica de calidad, educación adecuada e infraestructura moderna.
Al mismo tiempo, erosionan la confianza en las instituciones democráticas. La gran mayoría de las encuestas de opinión muestra que la corrupción, junto con la seguridad, encabeza la lista de temas que mayormente preocupan a los mexicanos. Incluso hay quien señala que los resultados electorales de julio pasado serían incomprensibles si la corrupción se excluyera del ánimo de los votantes. A pesar de ello, la respuesta institucional para combatir la corrupción ha estado por debajo de la expectativa ciudadana. En marzo de 2015 se publicaron reformas a 14 artículos constitucionales, en la llamada Reforma Anticorrupción. Como consecuencia de ellas, se creó un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), orientado a coordinar acciones de las autoridades en los distintos niveles de gobierno. La puesta en práctica del sistema implicó crear cuatro nuevas leyes y reformar otros tres ordenamientos federales.
El complicado diseño del SNA precisa la creación de nuevas agencias burocráticas, tanto a nivel federal como de las entidades federativas. Algunas de ellas, tales como la Fiscalía Anticorrupción (dependiente de la PGR), o las Salas Anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siguen sin funcionar, pues carecen de titulares. El SNA estableció una instancia ciudadana encargada de coordinar la lucha anticorrupción. El nombramiento de los integrantes del llamado Comité de Participación Ciudadana (CPC) se concretó hasta febrero de 2017, casi dos años después de promulgadas las reformas constitucionales.
Al CPC le corresponde establecer una plataforma digital nacional que relacionará seis sistemas de información relativa a declaraciones patrimoniales, contrataciones públicas, servidores públicos y particulares sancionados, así como quejas y denuncias. Al momento de escribir estas líneas, la plataforma digital no existe, puntualizando que su responsable fue nombrado apenas hace dos meses.
Vale la pena comentar lo relativo a las declaraciones patrimonial y de intereses de los servidores públicos. La ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente desde julio de 2016, estableció como facultad del CPC proponer nuevos formatos al Comité Coordinador del SNA. La aprobación mayoritaria de dichos formatos, así como su fecha de entrada en vigor, tuvo lugar el 13 de septiembre pasado; más de año y medio después de creada la instancia de participación ciudadana. Subrayo que en esa ocasión se decidió que los formatos comenzarán a utilizarse a partir del 30 de abril de 2019. Esto significa que ni los servidores públicos de la administración saliente utilizarán los formatos de conclusión renovados; ni aquellos de la administración entrante que ingresen durante los primeros cinco meses llenarán los formatos de declaración de inicio.
La inexistencia de la plataforma digital nacional, así como la tardía elaboración de los formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses muestran una brecha entre las preocupaciones ciudadanas y la respuesta institucional en el que instancias públicas y organizaciones sociales son igualmente responsables.