Trump amenaza también a México

La historia se repite: igual que lo hizo en abril pasado, cuando una caravana de migrantes centroamericanos marchaba a su país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó, y cumplió, con movilizar a la Guardia Nacional para impedir que entraran si México no lo impedía, ahora amenaza de nuevo con que si no lo hace, ordenará que tropas militares cierren su frontera con nuestro país y así evitar que entren al suyo.

Días antes, al inicio de esa caravana, advirtió a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, que “están haciendo poco” por frenar el paso de los casi tres mil que vienen de tierras hondureñas y que ayer empezaron a acercarse a territorio nacional por Chiapas, y dijo que les suspenderá la ayuda económica que se les envía desde Washington que es de más de dos mil 500 millones de dólares anuales.

DE ESTO Y DE AQUELLO

Como bomba le debe haber caído a ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces, esa iniciativa que el líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de esa Cámara, Ricardo Monreal Ávila, presentó ayer al pleno del Senado para que todos ellos se sometan a exámenes de control de confianza como mecanismo para combatir la corrupción.

De antemano, “aclara” en el documento que “no se pretende atacar ni poner en duda la dignidad de quienes toman decisiones en el seno del Poder Judicial o de quienes aspiren a ingresar a éste, al contrario: se busca garantizar que los servidores públicos que lo integran, cumplan con las exigencias del puesto”.

Agrega en la propuesta de reformas a los artículos 8 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que “no se entiende por qué”, ministros, magistrados y jueces no tengan que someterse a evaluaciones, puesto que “son servidores públicos al igual que los ministerios públicos y policías y deben ser supervisados”.

Sin embargo, una iniciativa presentada en 2013 para que se aplicara el control de confianza a todos los integrantes del Poder Judicial, fue declarada inconstitucional por el pleno de la Suprema Corte, presidida entonces por Juan Silva Meza, en marzo del año siguiente.

Éste declaró entonces que quienes aspiren a la titularidad del Poder Judicial de la Federación no deben ser tratados con sospecha y quienes ya ostentan esa titularidad deben recibir el mismo trato constitucional que los de los otros Poderes y la iniciativa fue desechada por unanimidad.

Hace unas semanas, el mismo Monreal Ávila, declaró que “llegó la hora de sacudir al Poder Judicial” y propuso limitar a seis años el tiempo que jueces y magistrados deben permanecer en sus cargos en los que, hasta ahora, se perpetúan décadas.