Un Estado capturado

Otto Granados

La posposición en la aplicación de la evaluación universal a los maestros es profundamente reveladora de la forma en que los factores reales de poder y los grupos de presión han capturado áreas tan sensibles del estado en beneficio de intereses particulares.

Según parece, dicha aplicación, prevista para el mes próximo, será diferida porque “no hay condiciones políticas” para llevarla a cabo. ¿Cómo? ¿Condiciones “políticas”? ¿En qué consisten exactamente esas condiciones? ¿No hay una secretaría de Educación o funcionarios que se encarguen de ella, no se cuenta con el diseño de la prueba, no hay espacios físicos para que la hagan los maestros, no pueden distraerse de sus labores docentes para cumplir con este compromiso?

No, nada de eso: es simplemente el viejísimo argumento de que no es el mejor momento –y lo mismo da si el secretario de Gobernación es Gutiérrez Barrios o Poiré- y es una exhibición paladina de cobardía por parte de funcionarios federales miembros de un gobierno que todos los días se esmera en demostrar por qué va a perder las elecciones de julio. Ahora bien, si sólo estas dos fueran las explicaciones, vale. Pero el hecho es algo más grave.

Por un lado, a diferencia de lo que debiera ocurrir en cualquier institución, en la SEP se ha larvado un tipo de relación laboral que, con el paso de los años, degeneró en un cogobierno donde el sindicato decide los asuntos estratégicos para la educación y como su tarea principal no es sino la preservación de su estructura de poder, entonces ambas cosas chocan por definición, son incompatibles y suelen imponerse los intereses sindicales por encima del beneficio de los educandos o los derechos de los padres de familia.

Ésta ha sido una práctica que, además, se ha trasladado a una serie de leyes, estatutos, reglamentos y circulares internas de la SEP que documentan la apropiación, o, mejor dicho: el atraco de la secretaría por parte del gremio. Baste ver, por ejemplo, el artículo 75 de la Ley General de Educación, que establece como infracción oponerse a las evaluaciones pero aclara: estas sanciones “no son aplicables a los trabajadores de la educación” ya que para ellos habrá “disposiciones específicas”, las cuales en realidad no existen. Y esto viene así desde hace veinte años.

Y, por otro lado, exhibe lo corroído de nuestra manera de hacer política, en donde no cuenta la lealtad hacia fines superiores como la educación, y es desde dentro del mismo gobierno donde una dependencia, como Gobernación en este caso, debilita a otra, la SEP, y la somete a la humillación de verse derrotada ante el sindicato. Esto tampoco es nuevo:

en las presidencias de De la Madrid, Salinas o Calderón, siempre hubo quienes, por congraciarse con Jonguitud o Gordillo, no tuvieron recato alguno en traicionar a los sucesivos titulares de Educación que intentaron reformas.

Un estado capturado es el camino más seguro a la disolvencia institucional.

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