Miércoles 8.07.2020 - 17:37

Un parque publico como solucion

JJ Macías, apenado por narración de comentarista de Multimedios
Por:

Gerardo García

Pareciera, pues, que lo que ahí sucedió fue lo que le pasó al cohetero. Ni tirios, ni troyanos parecen aplaudir una determinación que, aunque quiso ser salomónica, solo parece haber acelerado la incubación de un huevo de serpiente. Sin embargo, lo posible puede resultar en lo deseable en este caso.

Podría pensarse que es un asunto menor. Un conflicto en un desarrollo de menos de setenta hectáreas en Cancún, pareciera no ser lo suficiente importante como para generar la atención más allá de quienes ahí están involucrados directamente. Sin embargo, no es así. Lo que está sucediendo en ese desarrollo puede marcar la percepción de inversionistas sobre la certidumbre y seguridad jurídica del Estado mexicano, así como una afectación que podría volver a enfermar, quizá ahora de muerte, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y de refilón incluso, la creación de uno de los parques públicos más grandes de América.

Malecón Tajamar es un desarrollo construido por Fonatur en el que se invirtieron quinientos millones de pesos para urbanizar una superficie de 58 hectáreas. El desarrollo se encuentra frente a la laguna Nichupté en el centro urbano de ese destino turístico. El desarrollo fue inaugurado por el Presidente Enrique Peña Nieto en 2013, y se pretendían detonar inversiones inmobiliarias por más de treinta millones de dólares. Le he contado en entregas recientes que una obra de desmonte en uno de los predios –propiedad de particulares y con permisos en regla- generó una protesta ciudadana que generó que la autoridad ambiental federal suspendiera la obra, multara a los inversionistas, y abriera la puerta para que ninguna otra obra haya de desarrollarse ante las protestas que, seguramente, no claudicarán. Los propietarios de los predios están obligados a desmontar la vegetación de sus predios, en tanto que en unos meses se vencerán los permisos ambientales federales que fueron obtenidos por Fonatur en 2005; antes que entrara en vigor la Ley del Mangle, que haría imposible ahora que estos predios fuesen sujetos de alguna obra. La decisión de la autoridad ambiental federal ha provocado sin embargo un resultado quizá distinto al que se plantearon: los manifestantes la calificaron de insuficiente –quisieran la cancelación absoluta del proyecto- y temor entre los desarrolladores que no ven cómo habrán de arrancar obras aunque cuenten con todo lo que la ley les pide.

El Ecopark es un proyecto para construir un parque público en poco más de ciento siete hectáreas que eran propiedad de Fonatur y que se ubican a un costado de Malecón Tajamar. Estas fueron donadas por la dependencia federal al Ayuntamiento de Benito Juárez –Cancún- que a su vez las cedió a un fideicomiso integrado por ciudadanos cancunenses para que se construyera este espacio público. Ellos han recibido el apoyo total de la autoridad estatal. El gobernador Roberto Borge ha facilitado lo que a su autoridad corresponde; pero se ha detenido en buena medida por temas que tienen que ver con lo que reseño líneas atrás. Permisos ambientales que no han avanzado y que ahora, con el conflicto en torno al desarrollo citado, parecen detenerlo.

En buena medida las protestas ciudadanas se registran por la necesidad de contar con espacios públicos para los ciudadanos de ese destino turístico. Por ello se han opuesto a un desarrollo que está creado para que se asentaran condominios, centros comerciales, torres de oficinas. El parque público sería una solución que le ayudaría a la autoridad federal a salir de este conflicto que amenaza mucho más que a Cancún.

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