Una mala idea

Es bastante obvio que necesitamos nueva legislación, puesta al día, para regular la actividad del Ejército. La ha pedido desde hace años el secretario de la Defensa, y con razón. Sin embargo, a

la vista de la iniciativa que se discute estos días en la Cámara de Diputados, hay para pensar que más vale

olvidarse del tema por ahora y dejarlo para otro momento en que podamos discutirlo con más serenidad. No sólo por el contenido de la ley, sino por la confusión que se deja ver en la exposición de motivos.

Queda claro que se trata de ampliar las facultades del Ejército, sistematizar sus atribuciones en materia policiaca, y dar mayor discrecionalidad al Presidente para decidir el despliegue de contingentes militares en el territorio nacional. Pero no está claro qué se espera conseguir con eso, qué clase de orden. Ni qué ventajas tiene hacer del Ejército un cuerpo de policía, ni por qué habría que evitar que esa clase de decisiones pase por el Congreso. Para decirlo en una frase, diría que da la sensación de que es un texto escrito con miedo.

Da mala espina, para empezar, la extraña preocupación nominalista con la que se dan vueltas en torno a la guerra y la paz: “queda claro cuándo se está en tiempos de guerra, (pero) es difícil afirmar cuándo se está en tiempos de paz, ya que ésta no es absoluta… La paz debe interpretarse como estado contrario a la guerra, pero no como estado exento de conflictos o alteraciones diversas, de mayor o menor peligro. La Constitución no señala expresamente que existen diversos ‘niveles o grados’ de paz, por lo que no se debe interpretar este concepto en ‘blanco y negro’. Existen las más variadas gamas de grises, la paz en todo momento es relativa”.

No vale la pena ni siquiera discutir lo que dice porque sencillamente es absurdo. Ahora bien, quienes hablan de “niveles de paz” y se preocupan por aclarar que la paz “no es absoluta” están tratando de tender una cortina de humo. No quieren que se hable de guerra, pero necesitan que quede claro que tampoco es la paz, y que por eso hace falta el Ejército, pero no hace falta que lo autorice el Congreso. El ridículo bailoteo de las definiciones manifiesta una ansiedad que convendría no pasar por alto.

Las mismas vacilaciones, los mismos rodeos, aparecen cuando se trata de definir las situaciones que ameritarían la intervención del Ejército, como “obstáculos para la preservación” de la seguridad nacional: “delitos que si bien no están clasificados con ese carácter ni tienen el propósito de atentar contra ella, surten efectos de tal severidad que verdaderamente la ponen en peligro”, como el narcotráfico: “considerado como delito contra la salud, pero que en realidad produce secuelas de alto impacto social y gravedad para la gobernabilidad de municipios y estados”.

Otra vez, quienes escribieron el texto quieren que donde se dice una cosa se entienda otra, y dejar claro que hay atentados contra la seguridad nacional que no son atentados contra la seguridad nacional, o no lo parecen, o resultan serlo casi sin querer, y que hay delitos como el narcotráfico que “en realidad” son amenazas para la “gobernabilidad”, y requieren la intervención del Ejército.

Obviamente, lo que más preocupa del proyecto de ley, y digo yo que con razón, es que se excluya explícitamente al Congreso. Según lo quiere la iniciativa, no hace falta la autorización del Legislativo para el despliegue del Ejército “cuando esa situación está geográficamente localizada y no afecta de manera directa a todo un estado o región; y cuando se pueden escalar opciones de atención, antes de recurrir al expediente de la suspensión o restricción de derechos humanos y sus garantías”. O sea, que se puede prescindir del Congreso siempre que se quiera. Pero no se entiende por qué.

El resto es parecido, un catálogo de excepciones para autorizar al Ejército a intervenir siempre que haga falta para “brindar a la población certeza en que el desarrollo de su vida gregaria habrá de darse en condiciones de tranquilidad…”

Insisto: el texto parece escrito con miedo. Miedo de llamar a las cosas por su nombre, miedo de discutir sobre el tema en público. Miedo también de toda clase de vagas amenazas, que no son lo que parecen. Y traduce una idea del orden por lo menos desconcertante: un orden que significa tranquilidad y que se puede imponer a la fuerza, con un cuerpo de Ejército enviado por el Ejecutivo federal.

Hace un año, en su proyecto de ley de seguridad nacional, el Senado había propuesto exactamente lo contrario, había propuesto restringir la intervención de los militares en tareas policíacas y requería, en todo caso, no sólo la aprobación del Congreso, sino la de los gobernadores y los presidentes municipales. Respondía a otra idea del país, otra idea del orden, otra idea de la política. Esto de hoy dice que una parte de nuestra clase política piensa que sólo se puede confiar en las autoridades federales, y que más vale facilitarles el recurso del Ejército, por si acaso.

Es un producto del miedo, muy atendible, pero por eso mismo una mala idea.