¿Válido, violar la Constitución?

Francisco Cárdenas Cruz

En su sesión de hoy los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral definirán si en procesos venideros los partidos políticos podrán violar flagrantemente la Constitución y la ley en la materia, como lo hiciera el Verde Ecologista en las elecciones federales y estatales en junio pasado, sin riesgo de perder su registro y sólo con la imposición de multas millonarias.

Uno de los temas a discutir será el proyecto de la Unidad Técnica de lo Contencioso de ese organismo, aprobado por la Comisión de Quejas el viernes pasado, de que a su juicio “no fueron de la gravedad suficiente” como para que se le cancelara el registro oficial, lo que propiciará que el ejemplo cunda en los comicios que habrá desde ahora al 2018, cuando se elija al próximo Presidente de la República y se renueve en su totalidad el Congreso de la Unión, con las, ésas sí, graves consecuencias que entrañarían.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Seguramente que nadie, ni dentro ni fuera de Veracruz, esperaba que el gobernador priista de ese estado, Javier Duarte, dijera más en las respuestas al interrogatorio que le fue hecho por representantes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como así fue, a pesar de haber sido señalado públicamente por dos de las víctimas del multihomicidio en la colonia Narvarte de que él sería responsable si algo les ocurriera.

En diversas ocasiones, en declaraciones y videos, el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la antropóloga y activista Nadia Vera Pérez así lo denunciaron y por eso fue que optaron por salir de Veracruz y refugiarse en la capital de la república, en donde fueron ejecutados junto con tres mujeres más.

Una de éstas, Mile Virginia Martin, colombiana de origen, llevó las investigaciones a vincular el caso con la delincuencia organizada y las drogas, al robo con violencia y hasta a la ola de feminicidios que ha crecido desmesuradamente en los últimos meses en algunas entidades.

Eso y las versiones contradictorias sobre el avance de las averiguaciones, más los reclamos de los familiares de Espinosa Becerril y de Vera Pérez del empeño en dejar a un lado las amenazas de muerte denunciadas por ambos, de las que responsabilizaron directamente al gobernador Duarte y a algunos de sus colaboradores, propiciaron sospechas de que aquéllas se encaminaban hacia otros posibles móviles.

Por lo mismo, los abogados de ellos solicitaron a la PGJDF que además del mandatario, que ayer lo hizo a domicilio, en Xalapa, sean llamados a declarar el actual secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, y el anterior, el general Sergio López Esquer, quienes los hostigaron reiteradamente.

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