Venganza por justicia, o de cómo matar las culpas

Luciano Pascoe

En 1994, un policía fue asesinado en Houston, por un hombre esposado a quien acababa de arrestar. Se llamaba Guy Gaddis. Este miércoles, 20 años después, otro hombre fue asesinado porque un juzgado lo encontró culpable de la muerte del primero. Se llamaba Édgar Tamayo y era migrante.

Esta ejecución o asesinato institucionalizado, fue como todas las otras. Un espectáculo desgarrante, con familias llorando en la periferia del centro de ejecuciones, con la madre del policía asesinado presente y con todo el circo de declaraciones que atrae tan polémicas y sanguinarias acciones. Un gobernador del conservador estado de Texas, capitalizando los peores sentimientos antimexicanos, antimigrantes que se hacen presentes con estas batallas mediáticas y políticas.

Y el resultado fue prácticamente el mismo de siempre. Tamayo murió a manos del Estado por sus crímenes. Pagó la muerte con muerte.

La pena de muerte sigue siendo contemplada para “hacer justicia” en 58 países, de acuerdo con la organización Amnistía Internacional. El gobierno chino la emplea para ejecutar al tío del presidente acusado de traición y la usa también el estadounidense en el sureño estado de Texas para ajusticiar otro asesinato.

Matar por un crimen es, en el fondo, rechazar todo valor de la vida humana desde el Estado, que debiese ser el primer guardián de ella. Matar por justicia viola el derecho a la vida y contraviene declaraciones, tratados y acuerdos internacionales por ser inhumano, cruel y degradante. Y además fulmina la leve esperanza que aquellos acusados erróneamente, tienen de demostrar su inocencia.

El asesinato desde el Estado, legal y justificado para algunos, no es más que la claudicación última. Desde la condena hasta la ejecución, la tortura psicológica para quien la recibirá y su gente no tiene comparación. No existe crimen que justifique matar a otra persona; una ejecución no resuelve nada, no regresa a un hijo secuestrado, no repara el daño hecho por un torturador, no alivia a una mujer violada y vejada ni devuelve a un policía asesinado.

Sobre todo cuando estados como Texas demostraron que la pena de muerte no reduce en absoluto los índices delictivos, a los delincuentes poco les importan las penas, nunca asumen que serán atrapados o los riesgos de ello.

Más aún, la práctica de la pena capital ha sido marcada por la discriminación en contra de minorías étnicas, religiosas y raciales. Quienes cometen un crimen siendo adinerados fácilmente consiguen un abogado experto que argumentará y logrará salvar la vida del acusado; en tanto un mexicano pobre, migrante, que llegó a los 18 años a la frontera y a quien defendió un abogado de oficio, tiene muchas más probabilidades de ser condenado a muerte.

Los sistemas judiciales son profundamente falibles. Las evidencias pueden presentar fallos y los testimonios ser alterados; la certeza en un juicio siempre será cuestionada, por lo que existe la probabilidad de que matar a alguien encontrado culpable haya resultado injusto.

El caso Avena, conocido así por la sentencia de muerte de un mexicano a quien la Corte Internacional de Justicia, en cuyo proceso se detectaron fallas graves, reveló en 2004 que había 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos por faltas al debido proceso —ausencia de intérprete, carencia de notificación para asistencia consular o diagnósticos de padecimientos mentales, entre otros— por lo que sus juicios debían ser revisados.

La falibilidad humana hace falible la pena de muerte. Cuando la ejercen, los Estados renuncian a los sistemas de rehabilitación y las sociedades declinan la vía de la reconciliación.

El próximo 9 de abril volveremos sobre esto, para entonces se ha programado la ejecución de Ramiro Hernández Llamas, otro mexicano condenado a muerte. Él y otros 11 esperan ser ejecutados en Texas; a esta docena de mexicanos sólo les resta esperar que el Estado texano cometa un crimen validado por sus leyes.

Defender a los condenados a la pena de muerte no es defender a los criminales, sino abogar por los derechos humanos y la importancia de la vida misma; es luchar por el debido proceso y exigir al Estado, sea cual sea, garantizar su respeto y hacerlo cumplir.

La pena de muerte no resuelve la delincuencia ni la matiza siquiera. Y en contraparte fomenta la segregación y el racismo, aumenta la violencia del estado y el sufrimiento de los involucrados, hasta de las victimas de un crimen. La madre de Gaddis ha estado viviendo el debate sobre el asesino de su hijo por 20 años. Esto impide cualquier tipo de cierre y resignación. Mantiene vivo el dolor, la agonía y la pérdida.

Pero sobre todo esquiva la justicia y coloca en su lugar a la venganza. Y ella, la venganza, no debe de ser un valor que ningún gobierno fomente.

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