Veracruz, escenario de violencia

Con un gobernador priista en capilla como Javier Duarte, inexplicablemente protegido por el Gobierno federal y con todo y Mando Único Policial, Veracruz sigue convertido en escenario de violencia en el que varios cárteles que se disputan la distribución y la venta de drogas, con la complicidad de policías municipales y estatales, extorsionan, secuestran y desaparecen jóvenes, sin que nada ni nadie sea capaz de evitarlo.

Igual que sucedió con los cinco de Tierra Blanca, ahora tres adolescentes fueron detenidos por policías en Papantla, el sábado 19 de este mes, y al parecer entregados a alguno de los grupos criminales en pugna, sin que hasta ahora se sepa de ellos, al tiempo que en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán fueron hallados los cuerpos de tres personas que días antes habían sido secuestradas.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hace año y medio y quienes los asesoran decidieron exigir al Gobierno federal que el grupo de “expertos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que supuestamente “investigan” su paradero prorrogue otros seis meses esa labor por la que en los dos anteriores cobraron ya dos millones dólares, sin ningún resultado concreto, salvo negar que hayan sido incinerados en el basurero del municipio de Cocula.

Esa “condición” se basa, según lo que su vocero, Felipe de la Cruz, declaró el sábado pasado en el acto que organizaron en el Hemiciclo a Juárez, al cumplirse 18 meses de lo sucedido en esos municipios de Guerrero, en que “no confiamos en el gobierno, nuestra confianza está en el GIEI”, lo que parece seguir el guión que les dictan.

Al mismo tiempo, De la Cruz dijo que esperan que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cumpla el compromiso que hizo ante ellos en la última reunión que sostuvieron, de que el grupo de “expertos” de la CIDH se quedaría otros seis meses con el fin de que concluya su tarea e informe qué fue lo que sucedió con los normalistas.

Otro embrollo que tendrá que resolver el Gobierno federal es el que originó su negativa oficial a que el relator especial de la ONU sobre Tortura, Juan Méndez, vuelva a venir a México este año, después de que en su anterior visita, de unos cuantos días, asegurara que aquélla es una “práctica generalizada” en nuestro país, lo que motivó malestar y rechazo gubernamental.

Coordinadores del PAN y el PRD en el Senado coincidieron en demandar que el gobierno federal modifique su actitud y permita que Méndez vuelva a cumplir su encomienda, ya que de lo contrario pareciera negarse a que se investigue lo que ocurre aquí sobre derechos humanos.

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