¿Y dónde quedó la bolita?

Una de las grandes invenciones políticas de la modernidad fue la separación de los poderes del Estado en tres grandes esferas (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y, además, otorgarles poderes cruzados para que los límites a la autoridad no se dieran esperando la buena voluntad del gobernante, sino gracias a las ambiciones y facultades de los otros integrantes del gobierno para mantenerlo a raya.

Si el presidente va más allá de sus facultades y trata de convertirse en un dictador, los otros poderes pueden limitarlo si tienen capacidades efectivas para contenerlo. Figuras como el juicio político (también conocido como impeachment), que se ejerce desde el Poder Legislativo, se han llevado a infinidad de expresidentes. Igualmente, el Poder Legislativo puede enfrentarse al veto presidencial o al control judicial por parte de los jueces.

En el centro de este sistema de pesos y contrapesos reside la idea de la institucionalización del conflicto. Sin embargo, existe la posibilidad de que este sistema salte por los aires cuando una de las partes tiene un poder desmedido en comparación de los otros. Venezuela es el escenario de uno con los ejemplos más claros, en el que el presidente y la Asamblea Nacional están en una disputa bastante dispareja, ya que Nicolás Maduro pretende suprimirlos y llamar a un nuevo constituyente que le otorgue más poderes.

Igualmente, en Estados Unidos este sistema se está poniendo a prueba con un Presidente que está empujando los límites de sus capacidades y llevando al extremo a los otros poderes. Por ejemplo, el fin de semana sacudió las redes insinuando que tiene “plenos poderes para perdonar” y que así podría deshacerse de cualquier delito asociado con la trama rusa que le imputaran los comités de investigación del Senado u otras autoridades.

Trump podrá estar pisando nuevos terrenos en cuanto a sus capacidades presidenciales; sin embargo, hay un equilibrio que aún lo mantiene a raya: el presupuesto. No hay peso o contrapeso más efectivo que la necesidad de negociar con el Poder Legislativo la distribución de los recursos públicos. Si el Ejecutivo no tiene capacidad para hacer lo que quiera en términos presupuestales, habrá mayor capacidad para limitarlo de manera efectiva.

Sacar al Legislativo de la ecuación presupuestal, quitarle el poder de la bolsa, es un movimiento propio de un sistema político poco democrático. Venezuela lo hizo el año anterior, haciendo que su presupuesto fuera aprobado sólo por el Tribunal y sin que la Asamblea Nacional pudiera modificar siquiera su proyecto. Claramente esto no es deseable.

Este breve análisis sirve de contexto para entender, entonces, por qué es preocupante que en México el Poder Legislativo no forme parte de la ecuación presupuestal en términos reales, ya que si bien participa en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, no tiene injerencia alguna en la modificación del gasto, en la que el Ejecutivo puede llegar a mover hasta 20% del total del presupuesto sin preguntarle a nadie. Entonces, ¿dónde quedó la bolita? Responder esta pregunta, claramente, no es una trivialidad.

leonugo@yahoo.com.mx

Twitter: @leonugo