¿Y la certidumbre jurídica?

¿Puede alguien, acompañado de un abogado y un grupo de golpeadores, desalojar un hotel cuyo valor sobrepasa los ciento cincuenta millones de dólares en plena Riviera Maya, nomás porque sus chicharrones truenan?

Pues si cuenta con el apoyo de un agente del Ministerio Público que les favorezca. Incluso ilegalmente, pues al menos el intento de desalojo la semana pasada del hotel Secrets Silversands en Puerto Morelos, evidenció que si la autoridad encargada de procurar la justicia, la desvía, entonces todo se puede.

¿Y la certidumbre jurídica?

Bien, perdida por ahí en algún discurso.

La historia resumida es la siguiente: Años atrás, el empresario Benjamín Navarro compró la propiedad a través de préstamos bancarios y uno de manera personal. A la fecha, el adeudo de cien millones de dólares con los bancos se ha saldado y del resto, 50 millones, ha liquidado 35 a un grupo de empresarios a quienes les compró la propiedad. El hotel es operado por la cadena AM Resorts bajo su marca Secrets Silversand y se encuentra lleno de turistas.

El asunto es que los empresarios Lino Eduardo Teacalco, Miguel Nicolau Mesquida, Miguel y Guillermo Nicolau Salleras fueron acusados por el propietario por la falsificación de diversas asambleas de las personas morales PUERTO IGLESIAS, S.A. DE C.V. y CANEUROPA, S.A. DE C.V.M, propietarias del predio en cuestión. El número de caso es el FGE/QR/BJ/11/17656/2017 y la Carpeta de Investigación FGE/QR/ZH/UAT/11/480/2017.

La autoridad ordenó la investigación de los hechos denunciados relacionados a las Escrituras 4506, 4507, 4520, 4521 y otras del protocolo de la Notaría 304 del Estado de Tamaulipas a cargo del Notario Roberto Borges Figueroa, que contienen la protocolización de Asambleas falsas de ventas de la acciones representativas del capital social de tales empresas por medio de las cuales simularon su compra y de esta forma, tratar de apropiarse del hotel Secrets Silversands, que es propiedad de la empresa PUERTO IGLESIAS, S.A. DE C.V.

El asunto es que la Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Común Adscrita a la Unidad de Delitos Diversos, Fátima Ciau Manzanero, determinó, sin agotarse siquiera el periodo de pruebas, el no ejercicio de la acción penal, con lo que, aún con la falsificación de firmas y asambleas, permitió a los denunciados tratar de apoderarse del hotel la semana pasada. Acción que pudo detenerse por el apoyo de los legítimos propietarios que recibieron de parte de autoridades estatales y del municipio costero de Puerto Morelos.

El hecho es grave y va más allá de un conflicto entre particulares. Uno de los grandes retos que tiene el país es la fortaleza del Estado de Derecho. En el caso de la industria turística, la falta de certidumbre jurídica es una de las mayores trabas para que fluya la inversión. En los destinos de sol y playa, y destacadamente en el Caribe Mexicano, asuntos como éste se han repetido en muchas ocasiones. En este caso, hasta ahora, no se ha consumado el despojo; pero han existido otros, varios, en los que sí ha sucedido.

La Fiscalía del Estado de Quintana Roo tendrá que revisar la actuación de su funcionaria e investigar si hubo algún acto de corrupción.

Es lo menos que debe hacerse en este caso.