¿Y las ciudades?

Otto Granados

Yo pertenezco a una generación a la que le gusta vivir en las ciudades. No es que me desagrade la imagen bucólica de la naturaleza, el agua clara, los pajaritos y el verde por todos lados. Simplemente prefiero el contacto humano y en general todas las manifestaciones, buenas y malas, de la vida urbana, entre otras razones porque es allí donde crecerán la economía y el talento. Veamos.

No hay acuerdo respecto del número de ciudades de todo tamaño que existen en el mundo, pero se habla de alrededor de 2.4 millones. Sin embargo, cuando se habla de aquellas que aportan más al producto mundial, la cifra ya es un poco más precisa: en sólo 2 mil ciudades se genera el 75%; de éstas, mil son responsables del 68%, y tan sólo 100 del 35 por ciento.

En América Latina la situación no es muy distinta. Buenos Aires y Lima suponen más del 50% del PIB de sus respectivos países; Montevideo representa el 70%; Santiago, Concepción y Viña del Mar-Valparaíso aportan más del 55% del PIB de Chile, y Sao Paulo y Río de Janeiro, en Brasil, generan el 25% del PIB del país. En México, 3 estados y la ciudad de México producen el 40% del PIB nacional. ¿Por qué?

Porque son los lugares donde más infraestructura de todo tipo se ha desarrollado, porque tienen las mejores universidades y centros de investigación, porque ofrecen la vida cultural más activa y eventualmente atractiva, y porque el intercambio de ideas e innovaciones es más intenso y dinámico.

En consecuencia, si las tendencias hacia la urbanización, la concentración demográfica y, de hecho, la metropolización continúan como hasta ahora, algo en mi opinión irreversible, supondrá un tremendo desafío político, es decir, un reto para la esencia de la política que consiste en la asignación de los recursos. Me explico.

Hace años, mientras se discutía en el gabinete económico del gobierno federal el presupuesto anual, el secretario de Hacienda de la época se opuso a incluir una partida destinada a población de altísima marginación con una frase: “tienen 500 años jodidos; no hay nada qué hacer”.

El argumento suena, y es desde luego, ética y moralmente insostenible, pero en un contexto de recursos limitados, como ocurre generalmente, los tomadores de decisiones públicas se enfrentarán crecientemente a dilemas de ese tipo en cuyo centro reside una interrogante elemental: ¿dónde poner el dinero público de manera tal que resulte más productivo, más eficaz y más rentable social y económicamente?

La respuesta es muy difícil porque toca temas complejos como la construcción de una sociedad de derechos o la importancia de la cohesión social o la estructura de valores que sostiene a una colectividad, o simplemente la obligación de asignar los recursos con la mayor atingencia.

Por más incómoda que sea, es una pregunta que llegó para quedarse.

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