Yunes contra Herrera Beltrán

- EN VERACRUZ se ha desatado una lucha feroz no sólo entre los partidos, sino también entre políticos con oficio, lanzándose acusaciones de todo tipo. Héctor Yunes, primo del director del ISSSTE, paga desplegados de 300 mil pesos contra la administración de Fidel Herrera, sin saberse con cargo a quién, y hace una serie de denuncias. Pero en el fondo su disgusto se debe a que le taparon la puerta de la nominación priista. Fidel Herrera denuncia una serie de cortinas de humo y actitudes telenoveleras con esos desplegados, pero en el fondo ve que el responsable o el titiritero de toda esa comedia es “un personaje sórdido de la vida política de Veracruz”. El mensaje va dirigido —aunque no lo mencione con su nombre— a Miguel Ángel Yunes. Esta lucha amenaza con desbordar a todos. El gobernador —por lo pronto— se queja del montaje de esta telenovela, bien orquestada desde la Plaza de la República en el Distrito Federal.

 EL DIPUTADO Maximiliano Reyes Zúñiga nos dice que los legisladores panistas en el DF mienten ante la tragedia de cientos de familias por la pérdida de su patrimonio, a causa de la lluvia atípica, y nos explica que no se vale que algún partido pretenda sacar provecho valiéndose de la mentira para desacreditar las acciones de las autoridades capitalinas. Nos dice que los asambleístas del PAN buscan hacer creer que las autoridades entregan de manera facciosa los recursos públicos destinados a atender a las víctimas de las anegaciones.

 JOSÉ REYES BAEZA va de ridículo en ridículo, no pudo con el paquete y fue rebasado por los mafiosos de Ciudad Juárez. Intentó culpar al gobierno del presidente Calderón por no actuar a tiempo, cuando toda la gente dice en Chihuahua que le quedó grande el puesto a su gobernador. Anunció que cambiaría los poderes del estado al municipio de la frontera, pero sólo fue una finta porque al final ni siquiera envió una iniciativa al Congreso local, que tampoco sería aprobada por la falta de votos. En casos como éste deberíamos contar con una ley como la que propone el Ejecutivo federal de revocación de mandato.

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