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El presidente de EU, ayer. Foto: AP

El presidente Donald Trump emitió una norma que impedirá que migrantes que reciben ciertos tipos de asistencia pública obtengan permisos de residencia o visas de ingreso al país, informó el Departamento de Seguridad Interior (DHS).

La norma establece que personas con servicios médicos bajo el programa Medicaid, así como cupones de alimento o vivienda, no permanecerán en el país, pues son considerados una carga pública, señaló en un comunicado.

“Esta norma implementará una ley aprobada por el Congreso que busca promover la autosuficiencia de los migrantes y proteger los recursos limitados al asegurar que éstos no se vuelvan una carga para los contribuyentes estadounidenses”, señaló la secretaria de Seguridad Nacional,  Kirstjen Nielsen.

La medida empuja a millones de inmigrantes que dependen de programas sociales para alimentos o vivienda a elegir entre aceptar la ayuda o solicitar un permiso de residencia para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

El dato: La disposición niega el acceso a comida, vivienda y seguridad social a inmigrantes y a sus familias, que pagan impuestos, reprobó el gobernador de Washington, Jay Inslee.

La propuesta, que puede convertirse en una reglamentación oficial después de un periodo de 60 días, pero no requiere ser aprobada por el Congreso, aumentaría las restricciones que ya existen para otorgar permisos de residencia y visas.

Las normas en curso impiden que personas que reciben ayuda en efectivo del gobierno federal puedan recibir permisos de residencia bajo la regla conocida como “carga pública”, que busca restringir el ingreso o la permanencia en el país de personas que representarían un gasto para la economía.

“La nueva disposición asegura que aquellos que buscan ingresar y permanecer en Estados Unidos de manera temporal o permanente puedan mantenerse a sí mismos y sin depender de apoyos sociales”, indicó la dependencia.

El plan no busca afectar a la mayoría de los inmigrantes que cuentan con un permiso de residencia, pero activistas consultados por The New York Times temen que migrantes dejen de solicitar apoyos para proteger su estatus migratorio.

La regulación, que de acuerdo con el gobierno de Donald Trump afectará a 382 mil personas cada año, es la más reciente en una serie de agresivas medidas encaminadas a frenar la migración.

“Es un ataque a las familias migrantes y un intento para convertir el sistema de inmigración en uno en el que paga gana, en el que solamente participan los que más ingresos tienen”, alertó Jackie Vito, analista del National Immigration Law Center.

Si bien la Ley federal siempre ha requerido que aquellos que busquen la residencia legal demuestren que no serán una carga fiscal para Estados Unidos y no accederán a apoyos en efectivo, el gobierno nunca antes había apuntado a beneficios públicos como las ayudas para los alimentos.

La nueva medida, explicó el Departamento de Seguridad Interior, instruye a los trabajadores sociales que llevan cada caso a considerar el uso de apoyos sociales como un gran factor negativo en contra de aquellas personas que quieran permanecer de manera legal en el país.

Incluso, en algunos casos, quienes quieran la residencia permanente tendrán que depositar un seguro de 10, 000 dólares para evitar que se les niegue bajo la nueva regulación.

La norma de 447 páginas titulada “Inadmisibilidad como carga pública” no aplica a familias con un ingreso 15 por ciento menor al límite de la pobreza en EU, que es de 12,140 dólares anuales.

La disposición afectará principalmente a los hijos de inmigrantes con bajos salarios, pues éstos dependen de programas sociales, por lo que tendrán que dejar de obtener esos beneficios para mantener a sus familias juntas.

De acuerdo con un reporte de la Fundación Familia Kaiser, cerca de 20 millones de niños de familias migrantes serán impactados por los cambios. El estudio señala que 9 de cada 10 menores afectados son ciudadanos.

La medida ocurre a menos de dos meses de las elecciones intermedias, que determinaran quien controlará las cámaras alta y baja durante los dos años que restan a la presidencia de Trump. El debate sobre uso de los recursos públicos es una manera efectiva de galvanizar el apoyo de los conservadores, alertó el NYTimes.

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