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Macron en la inauguración de zonas turísticas, el pasado jueves. Foto: AP
Macron en la inauguración de zonas turísticas, el pasado jueves. Foto: AP

El Parlamento francés aprobó ayer el proyecto de ley sobre inmigración que busca acelerar la expulsión del país de quienes no tengan derecho al asilo y mejorar las condiciones de acogida e inserción de quienes estén en situación regular.

El texto fue adoptado por 100 votos a favor, 25 en contra y once abstenciones en su lectura definitiva en la Asamblea Nacional, dominada por el partido del presidente, Emmanuel Macron, La República en Marcha (LREM).

Según aseguró ayer el ministro del Interior, Gérard Collomb, esta norma “permitirá superar el desafío migratorio sin renunciar a los grandes ideales de la República, preservando el derecho al asilo y acordando nuevas protecciones a los más vulnerables”.

El gobierno lanzó el “Proyecto de ley en favor de una inmigración controlada y un derecho efectivo al asilo” para acelerar el tratamiento de las demandas de asilo y mejorar las condiciones de acogida, reforzar la lucha contra la inmigración irregular y mejorar la integración de los extranjeros en situación regular.

En 2017 más de 100 mil personas solicitaron asilo en Francia, 17 por ciento más que 2016, y otras 85 mil fueron rechazadas en la frontera del país, que quiere dotarse de los medios necesarios para alejar, según sus términos, a quienes no reúnen las condiciones para entrar.

Nos hemos dotado de los medios para preservar un derecho al asilo que, si no se hubiera hecho nada, podría haber sido cuestionado rápidamente, como tememos que suceda en una serie de países europeos”

Gérard Collomb

Ministro del Interior

Una de sus novedades más destacadas es que la ayuda al transporte y a la estancia de los extranjeros en situación irregular, que constituían el llamado “delito de solidaridad”, ya no estará penada si se demuestra que es desinteresada.

Gráfico: La Razón de México

La nueva ley reduce de cuatro meses a tres el plazo para presentar una demanda de asilo, de once a seis meses el margen para tramitar las peticiones y de un mes a dos semanas el previsto para presentar un recurso.

Además, aumenta de 45 a 90 días el periodo de retención para aquellos en proceso de expulsión, con el objetivo de dar más tiempo a las autoridades para negociar la repatriación con los países de origen.

El mayor control a los inmigrantes incrementa también de 16 a 24 horas el tiempo en el que una persona puede estar retenida hasta que se verifica su documentación.

Entre sus puntos polémicos, y para frenar el aumento de la inmigración clandestina, está el exigir a los niños nacidos en la isla de ultramar de Mayotte, antes de concederles la nacionalidad, que uno de los padres haya estado en situación regular en el territorio nacional al menos tres meses en el momento de nacimiento.

Aunque el proyecto de ley facilita la reunificación de los menores con sus padres y hermanos y establece que un país que persigue a los homosexuales no puede ser considerado “seguro”, el texto ha cosechado las críticas de las asociaciones humanitarias, que lo califican de represivo.

  • El Dato: Unos 14 diputados macronistas se abstuvieron de avalar el primer proyecto de la ley, en primavera, por considerar el texto demasiado duro.

Para algunas como la Cimade, a pesar de las modificaciones efectuadas desde la presentación en Consejo de Ministros el pasado febrero, la filosofía del texto no ha cambiado y es “peligrosa” porque “consagra una verdadera caída de los derechos para los extranjeros”.

Lo que establece el texto

Éstas son las bases del plan migratorio del gobierno francés:

  • Reduce a seis meses, frente a la media de más de 11 actuales, el proceso de instrucción de una demanda de asilo.
  • Se duplica de 45 a 90 días el tiempo máximo de retención de extranjeros a la espera de ser expulsados, para facilitar su conducción hasta la frontera.
  • Se mantiene en 30 días el plazo de la apelación, frente a los 15 a los que quería reducirlo el gobierno.

Francia aprueba multas al delito de acoso

El Parlamento francés aprobó ayer un proyecto de ley contra la violencia machista que incluye una multa económica a quienes hagan comentarios sexistas y un agravamiento de las penas de cárcel por agresión sexual contra menores.

El texto fue adoptado por 92 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones en su lectura definitiva en la Asamblea Nacional, dominada por el partido del presidente, Emmanuel Macron, La República en Marcha.

El proyecto de ley, impulsado por la secretaria de Estado para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, Marlène Schiappa, responde al movimiento de denuncias de abusos sexuales #MeToo; a las recurrentes situaciones de acoso verbal callejero sucedidos en algunos barrios de París, y a mediáticos casos en Francia de relaciones sexuales entre menores y adultos.

Entre las principales novedades de esta norma destaca la imposición de una multa máxima de hasta unos 840 dólares aproximadamente por el delito de “injuria sexista”, que se equipara al de “acoso sexual”.

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