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Estadounidenses respaldan a las ciudades santuario. Foto: AP
Estadounidenses respaldan a las ciudades santuario. Foto: AP

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos declaró ayer institucional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que amenaza con negar fondos a las denominadas “ciudades santuario”, que limitan la cooperación con las autoridades federales en delitos relacionados con la inmigración.

“En ausencia de la autorización del Congreso, la administración no puede redistribuir ni retener los fondos apropiados para llevar a cabo sus propios objetivos políticos”, escribió en su dictamen el juez Sidney Thomas.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco (California), añadió, no obstante, que un tribunal inferior fue demasiado lejos cuando bloqueó la medida en todo el país.

El juez de distrito, William Orrick, manifestó en noviembre que la orden ejecutiva de Trump amenazaba a toda la financiación federal y que el presidente no tenía la autoridad para asignar nuevas condiciones al gasto aprobado por el Congreso. El fallo se produjo a raíz de dos demandas presentadas por dos condados de California: San Francisco y Santa Clara.

La administración de Trump alegó que la orden se aplica a una cantidad relativamente pequeña de dinero, que ya requiere el cumplimiento de la ley de inmigración.

  • El Dato: El gobierno de Trump afirma que las jurisdicciones santuario permiten el regreso de delincuentes peligrosos a las calles.

Orrick, que se pronunció ante las demandas presentadas por Santa Clara y San Francisco, había bloqueado temporalmente la orden en abril del año pasado, antes de su decisión permanente de noviembre. En un comunicado emitido entonces, el Departamento de Justicia de Estados Unidos expresó que Orrick “se excedió en su autoridad” al bloquear la orden de Trump.

El presidente proclamó esta orden durante su primera semana en el poder, en una clara declaración de intenciones sobre las políticas de la Casa Blanca para combatir la inmigración.

Alrededor de 200 entidades locales, entre ciudades y condados, protegen de la deportación a los inmigrantes, entre las que se incluyen las principales urbes del país como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, gobernadas por la oposición demócrata.

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