Carlos Villaseñor y Arturo Saucedo

Programa Sectorial de Cultura, anacrónico y vago: especialistas

No contempla el contexto de la pandemia de COVID-19, que ha golpeado severamente al sector;  no especifica qué acciones se van a realizar, ni la manera

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La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.Cuartoscuro
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El Programa Sectorial de Cultura 2020-2024, lanzado por la secretaría encabezada por Alejandra Frausto y publicado este viernes en el diario Oficial de la Nación, es anacrónico y poco claro, señalaron a La Razón expertos en políticas culturales, pues explicaron que no contempla el contexto de la pandemia de COVID-19, que ha golpeado severamente al sector, y no especifica de manera concreta cómo cumplirá los objetivos que plantea.

Carlos Villaseñor, experto en legislación y políticas culturales, aplaudió que el Programa haya crecido sustancialmente de la cuartilla dedicada a la cultura en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Sin embargo, lamentó que no contempla la situación del sector cultural suscitada en el país a partir de la crisis sanitaria, “porque seguramente el documento estaba ya terminado desde hace un tiempo”.

“Debió de haber sido publicado a los seis meses de que se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, pero lamentablemente fue presentado en medio de la pandemia, lo cual hace que el contexto en el que seguramente se elaboró sea muy distinto al actual. Esta situación obliga a que haya una aclaración sobre si va a haber una confirmación de las metas establecidas, variaciones o consideraciones”, comentó

Señaló que la Secretaría de Cultura debe proponer una revisión de las metas y los objetivos planteados por el Programa “que se ajusten dentro de la disponibilidad presupuestal, que vea que sí va a ser posible realizar. No se puede ser ajeno a los cambios que trajo la pandemia”.

Esto en referencia a que el Programa hace énfasis en la protección y conservación del patrimonio cultural del país (objetivo prioritario 4), y en la formación de profesionales de la cultura (objetivo prioritario 2), lo cual tanto él como el promotor cultural Arturo Saucedo consideran paradójico, pues hace unas semanas se le recortó el 75 por ciento de su presupuesto al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lo cual, señaló el mismo instituto, afectará 194 zonas arqueológicas y sus escuelas.

“La situación en la que estamos es algo distinta a lo que menciona el Programa, pues además del recorte del INAH, el jueves andaba circulando una petición para que se atendieran las necesidades de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (del mismo instituto), que decía que perdería hasta el 88 por ciento de su presupuesto. Tendríamos que ver cómo se van a lograr esos objetivos inscritos tan ambiciosos”, expresó Villaseñor.

Además, señaló necesario que la Secretaría de Cultura presente un programa operativo anual del Programa que permita conocer más a detalle las estrategias concretas que plantea, “porque si hacen falta muchos ‘cómos’ en el documento”.

Al respecto, Arturo Saucedo consideró vagas las acciones puntuales del Programa, “pues no especifica qué acciones se van a realizar, ni la manera. Y cuando es así de vago e indefinido, quiere decir que la rendición de cuentas y la evaluación de los proyectos tendrán malos resultados, porque la lógica que sigue el Gobierno es que se da presupuesto por resultados, y si la Secretaría de Cultura es tan ambigua en todos sus proyectos, da lo mismo que le des 13 mil millones a cuatro”.

Malos planteamientos

Arturo Saucedo dijo que el primer objetivo prioritario del Programa, “reducir la desigualdad en el ejercicio de los derechos culturales de personas y comunidades, prioritariamente en contextos de vulnerabilidad” está mal planteado, ya que los derechos culturales son constitucionalmente universales, inalienables e imprescriptibles y es obligación del Estado garantizarlos.

“No es que se pueda redistribuir la riqueza cultural ni estos derechos, sino que el Gobierno está obligado de garantizarlos; no son algo que le quites a los ricos para darlo a los pobres, sino que son derechos humanos universales, que el Estado ha fallado en garantizar”, apuntó.

Y Villaseñor destacó que, además se deben aclarar cuáles son las condiciones de “vulnerabilidad” que contempla el Programa, al igual que los de “distancia”, contemplados en los objetivos prioritarios 1 y 3. Este último es “garantizar progresivamente el acceso a los bienes y servicios culturales a las personas, a través del incremento y diversificación de la oferta cultural en el territorio y del intercambio cultural de México con el extranjero”.

Dijo que el documento únicamente contempla la distancia entendida como el espacio físico que las poblaciones deben recorrer para acceder a una oferta cultural; y apuntó que este concepto también abarca la pertinencia de un producto para ser consumido por un sector; “pues no basta con que la gente esté cerca de las cosas, sino que les sea realmente les sean accesibles”.

“Incluso se refiere a distancia que existe entre la gente y un producto en cuanto a sus elementos formativos para poder acceder a él. De poco serviría llevar un festival de cine europeo a una comunidad donde no tienen los conocimientos necesarios para apropiárselo; y esto no es ser excluyente sino reconocer las asimetrías que hay en la formación de públicos”, apuntó.

Carlos Villaseñor destacó también que el Programa omite el tema de la reorganización de la Secretaría de Cultura, luego de se anunciara la incorporación del Fonca a la estructura orgánica de oficina gubernamental, “y además hemos tenido de que iba a ocurrir una reordenación de las dependencias y entidades y direcciones, y en el plan no se dice nada”.

Asimismo, calificó como “extraño” que algunas de las metas que se plantea el Programa ignoren el trabajo que han realizado algunos organismos de Cultura, como el INAH y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) a lo largo de su historia.

“El indicador del ‘porcentaje de comunidades atendidas con acciones de capacitación o asesoría en materia de conservación del patrimonio’ marca que en 2018 hubo cero acciones realizadas, lo cual es de extrañar, pues en INAH lleva décadas en eso. Lo mismo ocurre con el de ‘porcentaje de bienes culturales catalogados”, que dice que en 2018 había cero y se propone a lograr el 100 por ciento para 2024; esto se me hace exagerado y más con las reducciones presupuestales”, refirió.

“Otro ejemplo es el indicador de ‘porcentaje de lenguas indígenas atendidas para su fortalecimiento’, que también marca cero en 2018, cuando el Inali ya lleva tiempo trabajando en ello”, abundó.

También describió poco ambiciosas algunas de las cifras que se pretenden alcanzar, como la meta del número de asistentes a actividades artísticas y culturales para 2024, la cual es de 53.3 millones, cuando en 2018, la referencia que se pone, indica que hay 53.2 millones; “un millón no es nada”. “Lo mismo pasa con lo que se busca en cuanto al incremento de actividades artísticas, pues quieren que pase de 548 mil a 607 mil, en el mismo periodo”.

¿Toda oídos?

El Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 señala que será una tarea ineludible para la Secretaría de Cultura implementar una política de escucha permanente, de inclusión e involucramiento transparente con los diversos actores que conforman el sector cultural, “será esta la mejor práctica para sustituir la política de la visión única y reivindicar el servicio público en favor de la diversidad cultural de México”, apunta el documento.

Arturo Saucedo considera esto paradójico, pues reiteró que Alejandra Frausto se ha caracterizado por “su política de sordera” ante las comunidades culturales, quienes en numerosas ocasiones han solicitado un diálogo con ella. La respuesta de la funcionaria ha sido negativa, al grado que el miércoles pasado, diversos colectivos artísticos se manifestaron a las afueras de Gobernación.

“Fueron, protestaron, hicieron un performance y apenas les dijeron que el lunes (6 de julio) se hará la reunión. Y resulta que ahora que lo que distingue su Programa es atender a la comunidad”, finalizó el promotor cultural.