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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro, por supuestos crímenes contra la humanidad.

Almagro remitió a la CPI, el informe presentado por un grupo de expertos que él mismo designó y que concluye que el presidente de Venezuela, miembros de su gobierno y de las Fuerzas Armadas cometieron este tipo de crímenes con la “intención política”, de ejercer el “control social” sobre el pueblo.

Almagro aclaró que esta información fue enviada a título individual, ya que la OEA no tiene la capacidad como institución para presentar un caso ante la CPI y porque ninguno de los países firmantes del Estatuto de Roma (28 en el continente americano), el tratado fundacional de ese tribunal, ha denunciado a Venezuela.

Al pedir la investigación a título individual, la Fiscalía de la CPI debe recibir la autorización previa de un grupo de jueces para abrirla.

El informe afirma que existe un “fundamento razonable” para considerar que el pueblo venezolano ha sido víctima de “asesinatos, torturas, violaciones y otros actos de violencia sexual, detenciones, persecución y desapariciones forzosas”.

El informe señala como presuntos responsables de los crímenes a Maduro, a su vicepresidente, Tareck el Aissami, al exvicepresidente Jorge Arreaza, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y a otros líderes chavistas y militares.

“Hay un compromiso esencial que nos impulsa en nuestro esfuerzo por mantener al mundo libre de crímenes contra la humanidad”, dijo Almagro en una carta.

Además de la petición, el secretario general de la OEA instó a los países firmantes del Estatuto de Roma a que también denuncien ante la Fiscalía de la CPI al gobierno chavista, lo que provocaría la apertura automática de una investigación.

La CPI tiene competencias para juzgar los crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos en Venezuela desde el 1 de julio de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma, y siempre que quede demostrado que la Justicia venezolana no los está investigando.

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