Disidencia y oposición en cuba

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El debate sobre la muerte del opositor cubano Orlando Zapata en la prensa iberoamericana ha reinstalado el tema de la disidencia y la oposición en Cuba. Defensores y críticos del gobierno cubano han vuelto a insistir en las diferencias entre ambos conceptos. Los “disidentes”, dicen, eran aquellos intelectuales y políticos de los años 60 y 70 que, sin dejar de definirse como “socialistas”, proponían una reforma de los comunismos de la Unión Soviética, Europa del Este, China o Cuba. Los opositores, en cambio, son quienes se colocan fuera del sistema e impulsan no una reforma, sino una transformación del régimen.

Es cierto, como sostienen unos y otros, que los principales líderes y organizaciones de la actual “disidencia interna” son, en realidad, miembros de una oposición política. También es cierto que, a excepción de las Damas de Blanco y algunos otros movimientos menos conocidos, esos líderes y esas organizaciones, aun aquellos que se ocupan de monitorear y denunciar la violación de los derechos humanos en la isla, ya no corresponden tanto a entidades de la sociedad civil y pueden ser considerados actores de una sociedad política. La fijeza que aún posee el término “disidencia” en la opinión pública internacional tiene que ver con que, en Cuba, subsiste un orden totalitario comunista, donde la oposición es ilegal y punible.

 En efecto, los artículos 53 y 54 de la actual Constitución cubana establecen que los ciudadanos deben practicar sus “derechos de reunión, manifestación y asociación” y la “libertad de palabra y prensa” dentro de las instituciones del Estado o a través de los medios oficiales de comunicación. El artículo 62 señala, además, que ninguno de esos derechos puede ser “ejercido contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo” y cierra con una advertencia: “la infracción de este principio es punible”. Por si fuera poco, en 2002, se agregó a la Constitución un nuevo artículo que afirma el carácter “irrevocable” del socialismo cubano, en respuesta a la iniciativa ciudadana de reforma constitucional, emprendida por el Proyecto Varela.

 Cuando ese sistema fue diseñado, en la primera mitad de los años 70, la justificación del mismo no apelaba tanto a la amenaza externa, limitada por la alianza con la URSS, como a la certidumbre ideológica de que el modo comunista de organización social era superior al democrático que predominaba en Occidente. Con la Ley 88 de 1999, concebida como antídoto de la Ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1996, la justificación del carácter ilegal y punible de la oposición se desplazó al argumento defensivo. Según este dispositivo jurídico, que ha normado la represión política en la última década, cualquier ejercicio de derechos públicos contra el “socialismo” es, también, un apoyo al embargo comercial de Estados Unidos, medida que, no obstante, rechazan varios opositores.

 De manera que, en Cuba, asociarse al margen de las instituciones del Estado o expresar críticas al gobierno en medios alternativos se convierten en actos “políticos”, más que “civiles”, por el simple hecho de que las formas de autonomía toleradas por el sistema son mínimas. Al catalogar como “enemigos”, “mercenarios”, “traidores” o “delincuentes” a quienes practican esas autonomías, el propio gobierno contribuye a la politización de los mismos, ya que los coloca bajo un estigma, contra el cual la identidad opositora se afirma. Si antes de ser estigmatizado, un bloguero, un periodista o un intelectual se cuidaba de no cuestionar frontalmente a Fidel, Raúl o el Partido Comunista, y se mantenía al margen de grupos opositores, luego de serlo, cruza la línea que separa la disidencia de la oposición.

 Aún así, en Cuba existe un importante sector social más interesado en una disidencia “socialista” que en una oposición “anticastrista”. La certeza que tienen todos los actores políticos cubanos, sin excluir la línea dura del partido y el gobierno, de que se acerca un fin de régimen, hace del presente un campo de batalla del pasado y el futuro. Mucho de lo que hoy se debate, en torno a Cuba, tiene que ver con la memoria de antiguos compromisos y con las posibilidades que cada actor visualiza luego del cambio de régimen. Las élites del poder lo saben y atizan las tensiones entre reformistas y opositores, con el fin de poner a los primeros contra los segundos. No pocas veces estos últimos se colocan en una posición de pureza ideológica y reprochan a los primeros su moderación.

 Cuando un periodista, un escritor o un artista de la isla declara que hay que hacer cambios, pero “dentro” de la Revolución o el socialismo, intenta hacer visibles las fronteras que lo separan de la ortodoxia y, también, de la oposición. El grosor de esas fronteras, sin embargo, depende de lo que cada quien entienda por “revolución” o “socialismo”. Muchos críticos cubanos, sean reformistas u opositores, piensan que los cambios deben incluir una ampliación de los derechos de asociación, expresión y movimiento y la libertad de los presos políticos. El gobierno es consciente de que cualquier gesto en ese sentido precipitaría la transición democrática, al dotar de legalidad a la oposición, deslindar la sociedad civil del Estado y abrir la esfera pública del país.

 Hay, sin embargo, una franja de “reformistas” oficiales, subordinada al Partido Comunista, que antepone la autorización del debate al debate mismo. Para ellos lo importante es que quien debata esté autorizado políticamente por alguna institución del propio gobierno. No es raro que esos oficialistas de la “reforma” y el “cambio”, con acceso tanto a la opinión pública insular como a la internacional, sean, precisamente, quienes más apelan al argumento de que los opositores son “mercenarios” y “marionetas” del “imperio”. Al negar la autonomía de la oposición, esos “reformistas” legitiman su propia dependencia de las directrices del Partido Comunista, la Seguridad del Estado o alguno de los ministerios involucrados en la propaganda oficial.

 El hecho de que el discurso del “cambio” quiera ser capitalizado por todos los actores del proceso cubano, incluso por aquellos decididos a mantener el statu quo el mayor tiempo posible, es revelador de una generalizada sensación de fin de régimen. Lo peor que podría pasar, en un momento así, es que las múltiples zonas de contacto y entendimiento que existen entre la disidencia y la oposición, o entre reformistas y adversarios del totalitarismo cubano, se envicien y malgasten en una lucha por la memoria de unos y otros o por el poder sobre la transición, antes de la transición misma. Ésa es, precisamente, la apuesta de los inmovilistas: que el pasado y el futuro se atraviesen en el presente y obstruyan el cambio.

rafael.rojas@razon.com.mx

fdm

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