El informe de la CIDH y los desaparecidos

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El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de estos derechos en México expone situaciones que muestran el deterioro de la convivencia social.

El documento, con una extensión de 241 cuartillas, revisa entre otros aspectos lo relativo a desapariciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, personas privadas de su libertad y agresiones a periodistas.

El reporte afirma que las desapariciones forzadas tuvieron lugar entre las décadas de los 60 y los 80 del siglo pasado durante la llamada Guerra Sucia. Señala también que el dramático aumento de este fenómeno en la actualidad es consecuencia de la impunidad existente desde ésta. En razón del debilitamiento que las desapariciones representan para un Estado de derecho, vale la pena analizar el nexo expuesto en el informe de la CIDH entre las desapariciones forzadas del último tercio del siglo XX y la situación actual.

En noviembre de 2001 la CNDH emitió una recomendación (26/2001) en la cual se dio cuenta de la presunta desaparición forzada de 532 personas, demostrándose claramente la intervención de autoridades en 275 casos. En estas desapariciones intervinieron autoridades policiacas y militares, obedeciendo a motivos políticos. La situación de los desaparecidos hoy poco tiene que ver con lo ocurrido durante la Guerra Sucia. Para comenzar, el sistema político actual es democrático, sin las tendencias al autoritarismo del pasado. Los mexicanos vivimos desde hace varios lustros en un país con libertad de expresión, pluralidad política y libre asociación. Las disputas por el poder político se llevan a cabo por medio de procesos electorales plurales y competidos. Esto significa que las desapariciones, a diferencia del pasado, no se originan en la lucha por el poder político institucional.

Debe subrayarse que la magnitud del fenómeno, en ambos momentos, es abismal. El número de personas no localizadas, hasta septiembre de 2015, ascendió a 26, 798. Esta proporción es equivalente a poco más de 50 veces la cantidad de presuntos desaparecidos durante los años del autoritarismo. Explicar esta brutal desproporción vuelve necesario revisar las razones detrás de las desapariciones. Buena parte de las ausencias se explica a partir de la violencia criminal llevada a cabo por grupos dedicados al tráfico ilícito de estupefacientes en varias regiones del país. Mientras que los cárteles tienen enormes recursos, el Estado mexicano carece de policías, locales y federales, capaces de reprimir efectivamente al narcotráfico. La capacidad de corrupción de los barones de la droga les ha permitido tener en su nómina a cuerpos policiacos locales sin mayores dificultades. Una lamentable muestra de ello es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta realidad es reconocida implícitamente en el informe de la CIDH cuando señala que las desapariciones se extienden a cualquier persona, sin militancia social o política. Sin embargo, la utilización de elementos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública, permite a la CIDH afirmar, sin fundamento, la existencia de un nexo entre las desapariciones forzadas del pasado y las ausencias actuales.

mauricio.ibarra@razon.com.mx
Twitter:
@mauiibarra

Mauricio Ibarra

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Abogado (UAM) y maestro en Economía y Política Internacional (CIDE).
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