Encargado de la PF acepta que recibió sobornos

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Enrique Francisco Galindo Ceballos, encargado del despacho de la oficina del Comisionado General de la Policía Federal, reprobó los exámenes de control de confianza cuando era secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí.

De acuerdo con el Reporte Integral de Evaluación del citado examen, Galindo Ceballos era “no recomendable” para ocupar el cargo que ostentaba, por tener un “nivel de riesgo alto al cohecho y uso indebido de facultades y atribuciones”.

En dos exámenes similares que ya se le habían practicado en 2001 y 2004, por el CISEN y la desaparecida PFP, el actual responsable de la Policía Federal había aprobado, pero con observaciones. 

La más reciente prueba se le practicó el 4 de octubre de 2010, y en ella reconoció que en los distintos puestos que ha ocupado recibió miles de pesos de empresas favorecidas en licitaciones, y aceptó un desvío de recursos por 100 mil pesos, dinero para beneficio personal.

El reporte de la evaluación, cuya copia posee La Razón, señala que Galindo Ceballos, entonces de 44 años, logró pasar el primer examen del polígrafo, pero se detectó que mintió, por lo que fue sometido a una segunda prueba.

“Señaló que en el actual empleo una de sus funciones era coordinar la compra de uniformes y patrullas. Indicó que aún cuando no se encarga directamente de la compra, los proveedores le han ofrecido del ocho al 10 por ciento a cambio de favorecerlos. Negó haber aceptado.

“Asimismo dijo que maneja un fondo revolvente que fluctúa entre 50 mil y 150 mil mensuales. Indicó que nunca ha hecho uso indebido de los recursos económicos a su cargo, ni haber aceptado sobornos. Señaló que en su empleo en la Dirección de Seguridad Pública municipal de San Luis Potosí, como director, de 2003 al 2006, también le ofrecieron dinero para favorecer a proveedores y comentó que no aceptó”, indica el texto.

El informe agrega que al concluir la evaluación poligráfica el funcionario reconoció que desvió recursos del fondo revolvente y recibió dinero de empresas que fueron beneficiadas en las licitaciones.

“Se le aplicó otro examen para corroborar la información que proporcionó y al término de éste admitió que ha desviado de su fondo revolvente la cantidad de 100 mil pesos para beneficio personal.Agregó que como director de Seguridad Pública Municipal recibió aparte de los 50 mil pesos, cantidades de 3 mil, 5 mil y 10 mil pesos de proveedores que participaron en licitaciones públicas para la compra de uniformes y de otras empresas, dando un total de 100 mil pesos”, señala.

El resultado final de la prueba es que “el evaluado contraviene lo establecido en el artículo 88, apartado B, de la Ley General del Sistema de seguridad Pública, por lo que es no recomendable”.

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