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Costaron más de 2.3 mdp pruebas para reconocer restos; no hay detenidos
El panteón municipal fue ampliado tras el suceso y se utilizó un terreno de 4 hectáreas, en donde abundan sepulturas de tierra y tabique. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

En Tlahuelilpan, Hidalgo

A casi un año de la explosión en Tlahuelilpan, familiares de las víctimas afirmaron que en la zona cero quedaron los restos carbonizados de unas 30 personas en una fosa común; pero autoridades estatales aseveraron que ya no hay un solo cuerpo.

Martín Trejo, quien perdió a su hijo en la tragedia, comentó a La Razón que la noche del 18 de abril pasado, las autoridades ordenaron el ingreso de excavadovras “y eso nos molestó mucho, porque aún había varias personas muertas, achicharradas, todavía estaban ahí, regadas.

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“Con las excavadoras se pusieron a derrumbar el bordo y nosotros todavía sacamos tres cuerpos de entre la tierra; hicimos limpieza y una fosa común en donde echamos muchas cenizas en los primeros días posteriores a la explosión”, afirmó a un lado de una capilla con una cruz que lleva el nombre de su hijo.

Por separado, en la entrada provisional para acceder a la zona cero, la madre de Alejandra, quien perdió a su esposo en la tragedia, aseguró: “en la fosa común hay varios restos carbonizados —más bien pedazos— y otros más se los llevaron cuando se hicieron movimientos de tierra. Es algo de lo que ya no queremos hablar, pero así fue, todo lo hicieron muy rápido”. 

Sin embargo, la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno de Hidalgo subrayó a este diario que a la fecha no hay ningún cuerpo: “todos los restos fueron reclamados y entregados a sus familiares para que los familiares de las víctimas los sepultaran”.

 

El titular de esa área gubernamental, Lamán Carranza Ramírez, señaló que los trabajos se llevaron a cabo con profesionalismo y posteriormente se aplicaron 154 pruebas genéticas para identificar 69 cuerpos, con un costo de dos millones 310 mil pesos, ya que cada una representó una erogación promedio de 15 mil pesos.

“De manera comercial (las pruebas genéticas) cuestan entre 50 y 90 mil pesos, pero a la Procuraduría del Estado le cuestan un aproximado de 15 mil pesos y, por supuesto, a los familiares no se les cobró nada”, aclaró.

Desde el 27 de abril pasado, autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) iniciaron la entrega de restos de las víctimas que quedaron carbonizadas tras el incendio de la toma clandestina en San Primitivo, Tlahuelilpan.

Ese día, varias carrozas fúnebres trasladaron los restos a sus municipios de origen, luego de aplicarles un tratamiento y colocarlos en una bolsa especial.

Luego se preguntaba a los familiares si querían ver o no los restos, a quien lo solicitó se le mostraron… Después se colocaban en un ataúd, el cual se sellaba para trasladarlo a Tlahuelilpan.

 

Para identificar a las víctimas, Yazmín García, perito en Odontología de la Procuraduría estatal, explicó que con base en el estudio odontológico de los restos recolectados en el lugar “se elabora un diagnóstico sobre tratamientos de enfermedades de dientes, encías, cirugías, entre otras que ayudarían a la identificación de los cuerpos”.

En tanto que la perito en Genética Lesli Cruz Madrid dijo que de acuerdo a los perfiles genéticos, así como “perfiles generados con muestras sanguíneas extraídas a familiares directos, se pudo reconocer la identidad de los restos”.

“NOS DEBE SERVIR DE LECCIÓN”. Martín Trejo detalló que su hijo, quien en marzo pasado habría cumplido 34 años, dejó huérfana a una niña de seis años.

“Nos debe servir experiencia, porque siguen las tomas, las fechorías, aunque aquí ande el Ejército. Antes, las Policías municipales y estatales no hacían nada; ahora con el Ejército se ha calmado un poco, pero siguen (robando combustible).

“Esta toma tenía años, aquí sacaban en la noche, aunque ya se habían quemado una o dos camionetas y lo que sembraba el propietario, se lo pisaban, ahora exige que le paguemos el terreno (de unas siete hectáreas)”, afirmó.

Por su parte, el encargado de la Unidad de Planeación y Prospectiva resaltó: “el gobierno del estado ha establecido un monitoreo en colaboración con Pemex, la paraestatal, para atender de manera inmediata cualquier incidente.

“Ahora, además de que hay más conciencia (de los riesgos) hay una vinculación estrecha con la ciudadanía, por lo que en el primer momento que se detecte hay una fuga, hay una comunicación inmediata; eso es un poco de lo que se ha aprendido y que las personas están muy pendientes para denunciar; eso es muy positivo”, concluyó.

  • El dato: En 2019 se detectaron 13 mil 16 perforaciones ilegales en todo el país, de acuerdo con el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza.