Equipo del Cuau, bajo la lupa por corrupción

En lo que va de la administración de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, al menos cinco funcionarios de su gabinete y cercanos enfrentan investigaciones por actos de corrupción, lavado de dinero, cohecho, incluso terrorismo y narcotráfico, por los que ya hay expedientes en su contra, una gran mancha que abona al clima de ingobernabilidad que expertos y ONG ven en su administración.

El caso más reciente —aún en espera de conclusión— es el del encargado de procurar la justicia en la entidad, Uriel Carmona Gándara. El funcionario fue señalado por presuntamente nombrar a fiscales locales que no cumplían con la certificación ni requisitos para ocupar sus cargos en la institución que dirige.

En mayo pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta por su presunta participación en la comisión de delitos contra la salud, terrorismo y tráfico de armas.

Por estos señalamientos, en diciembre pasado, el expediente llegó a la Cámara baja del Congreso de la Unión, donde se inició un proceso de desafuero.

Desde este fin de semana, en San Lázaro se abrió una mesa de trabajo para analizar si Carmona Gándara cuenta con fuero, para el seguimiento de su caso.

Por si fuera poco, a finales del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación contra el secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda, el segundo al mando de Cuauhtémoc Blanco, luego de que se detectara un aumento inusual y desproporcionado en sus ingresos y patrimonio, apenas comenzó a ser funcionario en 2018.

A estas investigaciones se apilan las del exjefe de la oficina de Blanco, José Manuel Sanz Rivera, acusado a principios de 2020 por presuntamente formar parte de la llamada “Operación Primavera”, que consistió en un presunto desvío millonario a Suiza, investigada por la UIF; por esto, el Congreso local solicitó al exfutbolista la destitución inmediata, algo que finalmente ocurrió.

A la tormenta sobre los funcionarios del gabinete estatal, se suma la orden de aprehensión en contra del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, afín a Blanco, a quien se le acusó de cohecho, sin olvidar que, previamente, fue señalado por presunto enriquecimiento ilícito, delito por el cual obtuvo un amparo en julio de 2020. Con él, el subsecretario de Protección Civil de la capital morelense, Gonzalo Barquín, a quien le señalaron los mismos delitos que al munícipe.

Cuauhtémoc Blanco carga con señalamientos contra su administración desde que estaba al frente de Cuernavaca. El exalcalde estuvo cerca de ser destituido por falsificar documentos que acreditaron su residencia en esa su ciudad, para postularse al cargo; fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que frenó el impeachment en su contra.

Todo apunta al Desgobierno

Guillermo Garduño Valero, experto en seguridad de la UAM, explicó que la situación de alta incidencia delictiva que se vive en Morelos desde hace años —que se agudizó en esta administración— es consecuencia del clima de ingobernabilidad en la entidad.

“Implica incapacidad de gestión. En el ámbito de autoridad, concretamente el caso de Cuauhtémoc Blanco, no solamente no respondió a ninguna expectativa —si la hubo por parte de la gente que lo eligió—, sino que ha sido incapaz de organizar el gobierno”, dijo.

En entrevista para La Razón, destacó que la situación en el estado es “de casi imposible resolución”, ya que nos encontramos ante la incapacidad del gobierno local para reaccionar ante la problemática de la inseguridad.

El experto puntualizó que el estado, y particularmente algunos municipios como Cuernavaca y Cuautla se convirtieron en áreas en las que tomó el cargo la delincuencia organizada. “A partir de ello, los intereses que se han ido tomando desde que Morelos era un estado completamente agrario, pasó a convertirse en un paraíso de fraccionadores que lucran por la búsqueda del control”.